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Ésta columna, que debuta con éste artículo, busca aportar al debate nacional en temas fiscales, legales y económicos que afectan nuestro país, desde una perspectiva académica y didáctica. Delfino.cr es y busca seguir siendo una plataforma libre, donde las personas podamos acceder a información que tal vez en otros medios no tenemos y sin limitaciones.

Así, dada la situación fiscal de nuestro país, parece necesario iniciar nuestra columna hablando de la crisis fiscal que nos asusta desde hace años. Como punto de partida, es importante recordar que el Estado debe cumplir —y cumple— objetivos de carácter social y económico para con la sociedad, los cuales financia mediante la recaudación de tributos (impuestos, tasas, contribuciones especiales y exacciones parafiscales) de los contribuyentes. Dentro de esos servicios que recibimos, destacan educación, seguridad, atención médica, calles, puentes y muchos otros servicios esenciales para la paz social y el desarrollo de nuestra gente. 

Sin embargo, ya son varios los años que tenemos de escuchar y leer sobre la crisis fiscal del Estado costarricense, pero si no se está familiarizado con el tema pues... cuesta entender de qué se trata. Básicamente el déficit fiscal se puede entender como que los ingresos del Estado no son suficientes para cubrir sus gastos, y cada vez se necesita de más endeudamiento para cubrirlos. Es decir, tenemos gastos mensuales fijos, nuestro ingreso no los cubre, y usamos la tarjeta de crédito para cerrar el mes.

Aunado a esto, los gastos del Estado están comprometidos a un destino específico por mandato constitucional o legal, por lo que el gobierno enfrenta un margen estrecho de maniobra. Así, el gobernante de turno tiene un margen limitado de acción para redirigir recursos o limitar gasto: los cambios requeridos necesariamente deben pasar por la Asamblea Legislativa

La crisis actual, como toda crisis, requiere dos cosas. Primero, resolverla cuanto antes y lo mejor posible. Segundo, sacar lecciones para el futuro. Las soluciones, obviamente, no son fáciles. El déficit financiero a octubre del 2017 se ubicaba en 4,6% del PIB, mientras que el primario es del 2,0%. A la misma fecha del año pasado, estos indicadores se situaron en 3,9% y 1,7%, respectivamente. El incremento en el déficit se explica por el aumento en el costo financiero de la deuda (los intereses pasan de 2,3% a 2,6% del PIB de octubre 2016 a octubre 2017), el incremento en el gasto de capital (pasa del 0,9% a 1,1% del PIB) y las trasferencias que deben atenderse por mandatos legales (aumentan de 6,1% a 6,2% del PIB).

Contrario a lo que se dice en medios, los ingresos tributarios han crecido, y para octubre pasado el impuesto sobre la renta, que sigue mostrando un crecimiento en dos dígitos (11,1%), subió de un 3,5% a un 3,7% del PIB de octubre 2016 a igual mes del 2017. Es decir, los ciudadanos estamos pagando nuestros tributos y el Estado está mejorando su recaudación. Sin embargo, no es suficiente.

El despilfarro público es evidente, no solo gastamos de más, sino que gastamos mal. Y por otro lado, tenemos evasión fiscal, a todo nivel económico, que golpea también la salud financiera del Estado.

En definitiva, atravesamos un momento económico delicado, en el que nuestros gobernantes tienen que aunar inteligencia y voluntad, olvidándose de pasados optimismos y haciendo algo que no se ha hecho cabalmente hasta ahora: tener una visión conjunta de las dificultades de la economía, tanto financiera como real. Y construir juntos soluciones, que vayan desde eliminar groseros privilegios y despilfarro, hasta modernizar nuestra legislación tributaria ampliando la base, para que el que no paga tenga que hacerlo, y que el que ya lo hace, no lo haga de más.

Costa Rica es ya un país muy caro para el emprendimiento y atracción de inversión, un incremento grosero de la carga fiscal tendría un efecto contrario al buscado y sumergiría al país en una crisis mayor, impactando el empleo y por ende la economía como un todo.

Pero necesitamos tomar decisiones ya. Esperemos que quienes lleguen a gobernar, antepongan el interés nacional al partidario o personal.