Gerardo Riba e Irene Montero nos enseñaron a ver la corrupción de una forma distinta, ya no como casos aislados, no como un problema de personas, sino como el funcionamiento de todo un entramado, que permitía a la corrupción operar como una forma de gobierno.

El Pacto Figueres-Calderón habría sido un evento donde se fundara la corrupción en tanto sistema político, el bipartidismo en ese momento funcionó y funciona, como base para que el Estado fuera repartido y saqueado por carteles mafiosos (el cartel de Calderón, el de Figueres, el de los Arias).

El gobierno de Figueres sentó las bases de ese modelo. “Modernizó” la Contraloría y removió a decenas de jefes incómodos, porque la corrupción como forma de gobierno necesitaba de una sintonía entre los tres poderes y los órganos contralores.

Por eso fue necesaria la Ley 4-3, reformar el MOPT y crear el COSEVI, empezar a crear las superintendencias, la ARESEP y lo más grave en términos de corrupción, dejar impune el robo a los fondos de pensiones del Magisterio. ¡Y hubieran vendido el ICE (energía para los Figueres y telecomunicaciones para los Arias) si este pueblo no se los impide!

Todo fue parte, no del neoliberalismo (aunque si enmarcado en este modelo económico), sino de un complejo plan para construir la estructura delictiva. Como en todo sistema mafioso se repartieron las zonas de influencia y en esto el diputado Jorge Arguedas ha sido enfático: Al cartel de Calderón le tocaba la Caja y al cartel de Figueres le tocaba el ICE.

Esos dos carteles funcionaron armonizadamente entre ellos, hasta que el cartel de Arias apareció y los convirtió en convictos o prófugos de la justicia y se apoderó momentáneamente de sus áreas de influencia. Hoy esa guerra continúa, con el único fin de definir quien sigue saqueando el erario público en cada poder, en cada institución autónoma, en cada licitación y en cada contrato con el Estado. Pero además, el fenómeno del narcotráfico permea cada vez más esta guerra de carteles.

En el Poder Judicial muchos nos hablan de los mismos síntomas, tenemos a magistrados honestos y conservadores frente a los magistrados mafiosos, todo en la misma dinámica creada por Figueres y Calderón.

Teniendo completamente claro esto...

Entendiendo la realidad que atravesamos, la discusión del Informe del Cementazo y el debate en torno a la corrupción marca profundas diferencias entre el Frente Amplio y el PAC.

La izquierda, quizás someramente, había empezado a entender hace mucho que la corrupción no es un problema de personas, de manzanas podridas, sino del sistema y así lo han dejado claro los diputados Jorge Arguedas y Patricia Mora en su balance sobre el Informe del Cementazo. Recomiendo escuchar con detenimiento sus intervenciones al respecto la semana pasada en el Plenario Legislativo.

El Frente Amplio se ha venido preparando para la verdadera guerra contra la corrupción como sistema y ha presentado importantes proyectos para combatir la corrupción como forma de gobierno. Ejemplo de ello son el Proyecto de José María Villalta para que los delitos de corrupción no prescriban, el de Patricia Mora para despolitizar la Caja y el de Jorge Arguedas y Walter Antillón para cambiar la forma en que se eligen los Magistrados.

Frente a esta forma de concebir y combatir la corrupción, el PAC tiene un problema central: su fundador estuvo ahí.

Ottón Solís fue testigo de excepción y cómplice legislativo del pacto de esos dos bichos (casi quiso repetir el suyo con Laura Chinchilla), fue diputado del gobierno de Figueres, junto con Antonio Álvarez Desanti y con Juan Diego Castro como ministro de Seguridad, estuvo ahí en todo ese cuatrienio tenebroso que sembró el mal en nuestro país.

Por eso es que Ottón tiene un discurso anticorrupción alrededor de la ética personal y los hechos, pero nunca habla de la corrupción en tanto forma de gobierno. Para Ottón el problema es la comida del cafetín de los diputados, el problema es Mario Barrenechea, Víctor Morales Zapata, los peones, el hilo más delgado de los carteles, su solución, normas y códigos de ética para medirse personalmente.

Ottón Solís poco ha propuesto como político y como legislador para corregir la corrupción en términos de sistema político, con proyectos de ley como los que si ha construido el Frente Amplio.

Carlos Alvarado va por el mismo camino, con su comisión de garantes, que no le hará ni cosquillas al sistema corrupto que vivimos.

Veámoslo de la siguiente forma, un jerarca se corrompe y traiciona el deber de probidad. Con un sistema mafioso, él llama por teléfono a un magistrado y le pide que archive su caso. Pero cuando hemos llegado a ese nivel, los jerarcas —y de ahí para abajo la mayoría de funcionarios públicos— solo pueden decidir si se pliegan, si guardan un silencio comprensible para no enfrentar represalias, si se desgastan luchando (casi nunca) o si se pensionan o renuncian el sector público.

Lo cierto es que los empleados públicos cuentan con poquísimas herramientas para denunciar y los sindicatos, que debieron jugar un papel fundamental en esto, en su gran mayoría han estado ausentes de la denuncia de este macabro sistema. Eso sin dejar de señalar a los dirigentes sindicales que se plegaron a este modelo, porque claro, los carteles también tienen dirigentes sindicales.

En cambio, si el sistema no es corrupto, si el sistema funciona, el mismo jerarca puede corromperse que aun así pagará las consecuencias. Ese para mí, es el talón de Aquiles del discurso de Ottón Solís y del Partido Acción Ciudadana.

Cualquier miembro de cualquier partido político puede corromperse. En cualquier organización puede salir una manzana podrida, eso no es lo que importa, lo que verdaderamente importa es que exista un sistema anticorrupción que lo acuse, juzgue y sancione.

Durante décadas hemos visto a la izquierda criticar al Ministerio Público como cómplice de la corrupción y tales acusaciones terminaron siendo ciertas. Don Ottón y el PAC no, para él y su partido ese nunca fue el problema y ahí hay una gran diferencia, pero importantísima de acotar.

Tampoco lo sabemos todo, en el Frente Amplio nos falta, estamos aprendiendo todos los días cómo nos han robado este país y cómo los carteles de corrupción siguen operando y tienen su sistema intacto. Pero a diferencia del PAC y su fundador, vamos por buen camino: podemos ofrecerle a Costa Rica una lucha frontal contra la corrupción, no en tanto manzanas podridas, sino para combatir la misma en tanto forma de gobierno. Creo que el electorado, debe tener esto presente.

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Fotografía: Coronado Digital.

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