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El asunto del correo que le remití a un señor diputado del Congreso, es muy similar al título de este artículo. No me ha respondido como en otras ocasiones, estoy seguro que ello se debe al alto volumen de trabajo en el que se encuentra por estos días. El tema tiene que ver con la condena que recibió el Instituto costarricense de Electricidad, por parte del centro de conciliación y Arbitraje, por la que tendrá que pagar 75 mil millones de colones a la Hidroeléctrica “Chucás”.

¡Creo que mi pregunta al señor diputado es pertinente! ¿Quién va a pagar ese dinero? La situación no puede ser tan sencilla como un acuerdo de la Junta Directiva del ICE, dirigido al Presidente de la Institución o al Gerente General para que sea cancelado ese compromiso económico, no, no debe ser tan simple en cuanto a consecuencias. ¡Claro que deben de cumplir con la condena impuesta y el estado costarricense, en respeto al Principio Jurídico de Legalidad debe pagar la totalidad de lo establecido! Aunque con ello aumente el déficit fiscal...

Sin embargo es necesario entrar en el tema de las consecuencias posteriores de los actos y decisiones administrativas, que la Administración Pública, en nombre del Estado efectuó. Será necesario entonces que se pondere si tales actuaciones de los servidores públicos del ICE relacionados con este tema, cumplieron cabalmente con los principios de eficiencia, eficacia, economía y rendición de cuentas de los recursos públicos de los cuales son simples depositarios.

Todas las decisiones y actos de la administración pública deben estar sustentados en la técnica o en la ciencia, tal y como lo indica el artículo 16 de la Ley general de la Administración Pública, igualmente, deben estar debidamente fundamentados, tal y como lo establecen los artículos 133 y 136 de la misma ley. No está de más indicar que la actuación de la administración pública está delimitada por el principio de legalidad, donde solamente puede hacer aquello para lo que está expresamente autorizada.

Soy una persona ciega, es decir, tengo una discapacidad visual, pero no podría ver con buenos ojos que ante lo indicado por la resolución que condena al ICE y de la cual hace eco el diario digital donde escuché la noticia –mi computadora es parlante- se pueda plantear la mera posibilidad de trasladar ese gasto a los ciudadanos costarricenses, ya sea, mediante las tarifas de los servicios públicos, o mediante la disminución presupuestaria que afecte tales servicios o a los servidores públicos que laboran con honradez, dedicación y compromiso en el ICE, institución de la cual nos sentimos orgullosos los costarricenses.

Le indicaba al señor diputado en el correo electrónico que me parecía necesario que se valore la posible responsabilidad de la junta directiva, la Presidencia de la institución, la Gerencia General y demás servidores públicos involucrados en este tema, de tal forma que puedan asumir las eventuales responsabilidades civiles o penales que les sean atribuidas, debiendo ejercer un papel protagónico la Procuraduría General y la Contraloría General de la República, cada una en sus competencias, o bien, la intervención del Ministerio Público, para que de una manera justa y bajo el cobijo del imperio de la ley, se recobre del peculio particular de los servidores públicos involucrados, la mayor cantidad de dinero posible.

No hay ciudadanos más iguales que otros, no hay servidores públicos más iguales que otros; las eventuales negligencias, omisiones, incompetencias en el ejercicio de la función pública, pereza, o posibles actos de corrupción que más bien propician errores que pueden beneficiar a terceros, en perjuicio de la Hacienda Pública, son aspectos a erradicar en la función pública, pues generan impunidad, abuso de las potestades de imperio en contra de los administrados; con el establecimiento de las eventuales responsabilidades civiles y penales, todo jerarca será más vigilante, oficioso, responsable, eficiente, en la administración de los dineros de todos, ya que resulta muy confortable firmar cheques o autorizar transferencias bancarias para cubrir obligaciones de procesos legales condenatorios, sin que los servidores públicos responsables ni siquiera se les remueva de sus puestos, es decir, es fácil perder dinero ajeno y exiliarse cómodamente en Suiza, por ejemplo.

Solamente para acotar, en cualquier otra parte del mundo, un directivo, gerente o director que por descuido cause pérdidas a la institución o empresa, hasta por un monto mucho menor, deja por vergüenza el puesto, o bien, se le despide sin ningún miramiento, pues se tiene claro que el daño causado trasciende lo económico, ya que perjudica el buen nombre y las relaciones de negocios de esa institución o empresa, tanto a lo interno del país, como en el contexto internacional.

El ICE forma parte del estado costarricense y hasta donde puedo entender, la única autonomía que reconoce la Constitución Política es la que poseen las universidades del estado, y aún así, dicha autonomía ha sido debidamente delimitada por la jurisdicción constitucional de la nación, por lo que todas las instituciones de nuestro Estado, están obligadas a buscar la reparación de los eventuales daños a la hacienda pública sin excepción; los ciudadanos continuaríamos perdiendo la fe y la confianza en el estado social de derecho si somos nosotros los que paguemos los platos rotos de quienes juraron cumplir y hacer cumplir la ley, pero … parece que lo dejan de hacer, o no quieren hacerlo.

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