¿Por qué este abogado denunció al magistrado Gamboa y al ministro Mata en la Procuraduría de la Ética?

El lunes pasado (24 de julio) una serie de hechos muy particulares permitieron algo que, sin lugar a dudas, todos queríamos: 39 familias finalmente tuvieron paz. Hasta ese entonces distintos funcionarios de la Medicatura Forense (en respaldo a la huelga del Poder Judicial que todavía hoy mantenía asfixiado al país) acumulaban y retenían los cuerpos de quienes habían fallecido en circunstancias violentas en los días previos, pues se negaban a practicar las autopsias para entregarlos a sus familias.

Esto, naturalmente, generó un conflicto que sacudió al país entero y que llegó hasta CNN, donde se dio difusión a la historia de Shirley González (ver: "Madre suplica que le entreguen el cadáver de su hijo: "Tienen la mitad de mi vida, que me lo devuelvan"). Sobra decir que a la luz de todos esos relatos cargados de tragedia el país se solidarizó con las familias afectadas y se unió para pedirle a los funcionarios de la morgue que dieran marcha atrás.

Tras un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes el viernes 21 la Sala Constitucional giró el sábado 22 la instrucción de tramitar las autopsias y entregar los cuerpos a las familias afectadas. A partir de aquí, una serie de hechos por de más extraños (que incluyeron a los funcionarios incapacitándose para no cumplir la instrucción de la Sala) llevaron al país a un estado de confusión y alerta...

Finalmente, el lunes en la noche, se retomaron las autopsias. Distintos funcionarios públicos quisieron "robarse el mérito" y, naturalmente, fueron aplaudidos por el grueso de la población. Pero ¿qué pasó esa noche? Quizá la mejor forma de empezar a entenderlo es leer la línea de tiempo preparada por Any Perez (La ruta de una orden) y que a partir de ahí cada quien empiece a sacar sus propias conclusiones.

El abogado Roberto Zamora (sí, el que consiguió que sacaran a Costa Rica de la lista de países que apoyaban la guerra contra Irak) no tardó mucho en arribar a las suyas. Decidió entonces denunciar al magistrado Celso Gamboa y al ministro de Seguridad Gustavo Mata ante la Procuraduría de la Ética. ¿En qué ampara su reclamo? ¿Qué piensa de todo lo que ha sucedido en torno a este caso? Zamora me atendió este domingo para aclarar mis dudas.

Para los que andan cortos de tiempo he destacado en color azul las frases clave del intercambio.

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Usted denunció en la Procuraduría de la Ética (Procuraduría General de la Repúlica) al magistrado Celso Gamboa (Sala III) y al ministro Gustavo Mata (Seguridad) pues considera violaron el principio de probidad el lunes 24 de julio. Le agradecería si empezamos por ahí. ¿Qué es el principio de probidad y por qué considera que ambos funcionarios lo violentaron?

El principio de probidad es aquel que ordena a los funcionarios públicos actuar con el más alto estándar de excelencia, trasparencia, honestidad, y respeto a la ley en el ejercicio de los cargos propios de sus investiduras como detentadores de potestades públicas. En dos platos es hacer el trabajo como debe ser, apegándose al marco jurídico y con el interés público como principio fundamental.

En el caso que fue presentado a través de los medios de prensa se reportó algo de una gravedad que no debemos menospreciar. Ante una desobediencia de una orden emitida por la Sala Constitucional, un Magistrado de otra Sala, "ordena" al ministro Mata —de quien no es jefe— ejecutar un despliegue policial sin un acto administrativo o una resolución judicial de respaldo.

Para mí es escandaloso que al día de hoy, casi una semana después de los hechos, nadie ha preguntado por la orden judicial o por el acto administrativo que dio origen a la actuación policial. Lo más grave es que el magistrado Celso Gamboa hubiera intentado luego zafar diciendo que la suya era una petición "como ciudadano"... como si cualquier ciudadano pudiera llamar o whatsapear al Ministro así... y como si al ministro se le pudiera olvidar que Gamboa es magistrado de la Sala III. Ahora bien, yo no sé qué es más grave, que Celso haya hecho la solicitud, o que Mata la atendiera, debiendo saber que Celso no tendría potestad para dar semejante mandato.

En ese sentido, y hablando estrictamente de legalidad procesal, a mi me parece muy grave que un magistrado de una Sala ajena a la que conoce el caso —y que bien pudo haber reportado a la Sala Constitucional el incumplimiento para que esta procediera conforme a sus potestades constitucionales— envíe un mensaje total y absolutamente indebido, al ministro de Seguridad, pasándole por encima al propio Poder Judicial y al Presidente, que es el Jefe de Mata. ¡Y Mata hace caso!

Existe un procedimiento legalmente establecido para solucionar la situación, luego de la sentencia de la Sala Constitucional. Perdón por la expresión pero manda huevo que un magistrado de la Sala Penal (III) y el ministro de Seguridad (¡De Seguridad!) no supieran ese procedimiento. O que ahora se hagan los que no lo sabían... Por Maradona, si estos dos no saben eso, o no lo sabían, son totalmente incompetentes para ejercer sus cargos.

Aquí yo creo que también hay un tema delicado. Si Celso, siendo magistrado y conocedor de la normativa aplicable, creyó que su investidura como uno de 22 magistrados, le daba el poder para ponerse el disfraz de Superman y hacer de paladín de la justicia... Este señor es un peligro para nuestro esquema constitucional.

En su denuncia usted habla de posibles infracciones a la ley administrativa y penal cometidas por los dos denunciados... ¿podría ser más específico?

Sí, claro. Yo no soy penalista. Y en ese sentido, lo que hago es solicitar a la Procuraduría que determine si hay mérito suficiente como para iniciar acciones judiciales contra los funcionarios. Es que además de una falta muy grosera al deber de probidad, Celso podría haber abusado de su investidura, podría haber incluso usurpado autoridad ajena... Mata podría haber actuado sin orden en el sentido legal, no verbal... Podría haber sucedido una intromisión de poderes, lo que habría sido gravísimo...

Algo interesante de su denuncia es que usted asegura que Walter Espinoza (director del OIJ) tampoco tenía competencia para solicitar la intervención de la Fuerza Pública. ¿Podría explicar por qué?

Nuevamente, eso es lo que pongo en cuestión y solicito se investigue. De hecho mañana amplío el elenco de denunciados para incluirlo a él, a Carlos Chinchilla (presidente de la Corte) y a Juan José Andrade (viceministro de Seguridad). Hasta donde yo entiendo, había dos opciones legales de proceder. Puedo estar perfectamente equivocado, pero creo que no. Cuando la Sala Constitucional resuelve un amparo con lugar, y el obligado incumple, se produciría un supuesto de desobediencia, lo que es delito.

En este sentido, podían hacerse varias cosas: reportar a la Sala para que esta testimoniara piezas al Ministerio Público, por estar cerrado, podría haber establecido una orden cautelar. Como el incumplimiento era flagrante, pues los funcionarios estaban ahí, se pudo haber ordenado a la Fuerza Pública la detención para trasladarlos al Juzgado de Flagrancia, y el Director del OIJ podía ordenar el ingreso de nuevo personal forense. Pero el Director del OIJ, bajo las condiciones del caso y sin una acusación formal por la desobediencia no podía actuar de oficio. Tampoco es que pueda hacerse de superhéroe, como creo que quiso hacer con su corta y torpe aparición en medios queriéndose llevar el mérito. Yo creo que en lugar de eso, metió las de andar, por eso también será incluido dentro de los acusados.

Incluso no sé si el Presidente pudo haber decretado algún estado de emergencia y tomar control de la Fuerza Pública sin orden judicial.

Existen versiones encontradas en torno al ingreso o no ingreso de la Fuerza Pública a la Medicatura Forense. A efectos legales y del debido proceso —en términos de la instrucción girada— ¿hace esto una diferencia?

Para efectos de mi análisis, no hay ninguna diferencia. Mi punto refiere a una ausencia de competencia para dar la orden o ejecutar el despliegue, independientemente de que hayan ingresado o no. Hasta que no me enseñen la orden judicial, el acto administrativo, o el artículo de la Ley que da la potestad para cualquiera de las dos acciones, yo sigo sosteniendo que la actuación es ilegal. Entraran o no entraran, eso no cambia nada.

Volvamos a Gamboa diciendo que fue una solicitud en su condición de ciudadano. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Cualquiera de nosotros podía hacer la solicitud? ¿Es de recibo esa explicación?

A mi me genera muchísima molestia cuando un funcionario del más alto rango piensa que puede verle cara de imbécil al pueblo y que la gente se tiene que quedar satisfecha con cualquier excusa. ¿Cuál ciudadano anda con el número del ministro en la bolsa? ¿Cuál ciudadano tiene el poder de que un ministro le obedezca por encima de cualquier legalidad y por encima del Presidente?

Yo interpreto lo siguiente. Cuando Mata dice que actúa a petición de Celso, Celso tuvo que haber sabido que se había cometido un error de los más graves... así que supongo que en su cabeza pensó, que poniendo semejante cosa podría zafar de toda responsabilidad. Pero independientemente de que Celso sea Magistrado, igualmente no es cualquier ciudadano... su vida pública lo ha mantenido vinculado a un grupo de personas con un historial realmente cuestionable —empezando por Oscar Arias— y su actuar como funcionario público está lleno de cuestionamientos... igual que su ascenso a la Sala III.

Usted dice que la Fuerza Pública requiere una orden de un juez para ingresar a la Medicatura Forense. Primero, para que quede en autos: ¿de qué tipo de juez estamos hablando? Y ¿cómo se enfrenta una situación como esta cuando los jueces están en huelga? La Corte plena tuvo que ir hasta Pococí para encontrar uno laboral que les atienda la solicitud de declarar ilegal la huelga...

Buenísima pregunta. La situación es anecdótica hasta el punto de ser propia de una clase de derecho. Tampoco hay un antecedente. Efectivamente sería un juez penal, en principio. Tengo mi duda sobre si la Sala Constitucional, aparte de la desobediencia, podría haber tenido alguna potestad para hacerlo... por tratarse de derechos fundamentales, pienso que podría tenerla. También estaría la posibilidad de la orden Presidencial con declaratoria de estado de emergencia (que dicho sea de paso, tener al Poder Judicial paralizado ¡me parece una emergencia!).

Es claro que la huelga y la falta de jueces disponibles sería un obstáculo, pero habiendo mecanismos posibles y jueces laborando, así sea en Sixaola, debe cumplirse con el bloque de legalidad... es que hay un punto que debe ser entendido con claridad y con mayúscula. El Estado no puede quebrar la ley para hacer cumplir la ley. Permitir algo así es gravísimo. Si nosotros no entendemos la gravedad del tema, estamos en el peor de los escenarios posibles.

Te digo, yo entiendo que la gente esté cansada de la inutilidad e ineficiencia del Estado, de la corrupción y todo eso. Yo también estoy cansado. Pero no podemos permitir que eso nos lleve a un estado de desesperación tal que empecemos a permitir que el Estado en el uso de los medios, quiebre la ley para obtener ciertos fines, por más legítimo que este fin sea. Entendamos: permitir una es permitir todas. Pasar de aquí a un estado fascista es un salto pequeño y a veces excesivamente discreto. Permitir esto es decirle adiós a todo el bloque de derechos, garantías y libertades constitucionales.

Armemos el Lego básico de una vez por todas: explíquenos el procedimiento correcto para tramitar una desobediencia a una orden de la Sala Constitucional. Digo yo: en condiciones "normales" (sin huelga).

Es muy fácil. Se le reporta a la Sala el incumplimiento. La Sala Constitucional le pasa el expediente al Ministerio Público con la denuncia, y el Ministerio Público tramita el asunto como cualquier otra violación a la ley penal.

Usted dice que el Poder Judicial intervino (contra sí mismo ¿no?) invadiendo las potestadades del Ejecutivo (pues la Fuerza Pública responde al Ejecutivo y no al judicial y tanto Celso como el director del OIJ son del Judicial). ¿Cierto?

Exacto. Esa sería la tesis de principio. El Judicial se pasa por encima, porque un Magistrado de la más alta Sala Penal, le pasa por encima a todos los jueces penales del país que podían ser competentes para conocer el asunto. Luego le pasa por encima al Presidente. Pero no termina ahí, al actuar Mata sin orden judicial, habría estado también atribuyéndose facultades del Judicial. Sería como una doble intromisión recíproca.

A su vez, el Ejecutivo se metió en áreas del Judicial... al intervenir sin la orden de un juez. ¿Correcto?

Justo.

Aquí es donde las cosas se complican un poco más... Usted y yo notamos que La Nación publicó una noticia sobre la denuncia que usted interpuso contra Gamboa y Mata. ¿Se lo comunicó usted a La Nación?

No, para nada. La Nación fue uno de los pocos medios "grandes" que no se comunicó conmigo.

Posteriormente La Nación retiró la noticia. ¿Qué lectura hizo usted de esa inusual decisión editorial?

A eso iba a ir... como el Internet no olvida (que lo diga yo que me despidieron como embajador por un post en Facebook... que casualidad, justo lo que estos hicieron...) el artículo que La Nación publicó, un día después de interpuesta la denuncia, pude leerlo. Inmediatamente me llamó la atención que Celso dijera que ya tenía la denuncia.... ¿De donde la sacó si ni siquiera se había tramitado? Las declaraciones de Celso a La Nación fueron el miercóles... imaginate que yo recibí de la Procuraduría el oficio de recibido hasta el viernes.... y la denuncia no ha sido ni siquiera valorada para su admisión.

¿Como obtuvo Celso copia de la denuncia? Haber puesto esas declaraciones de Ceslo fue otro paso en falso... o por lo menos así lo veo yo. Quitar la noticia creo que fue peor. Casi nadie vio ese detalle, pero yo como denunciante sí. ¿Es que los tentáculos de Celso llegan hasta la PGR? Porque en tal caso podemos irle echando tierra a la denuncia... a la denuncia, al Estado Constitucional, a la democracia....

Esa noticia la quitaron porque metieron la pata.

Volvamos al papel del Presidente. Algunos consideramos que ante el estado de excepción en el que se encontraba el país sí le correspondía responder. ¿No lo faculta la Constitución a intervenir en tal escenario?

Eso es lo que yo creo. Como lo he dicho, creo que la declaratoria de un estado de emergencia era total y absolutamente posible y admisible. A todo esto, me resulta incómodo el prolongado silencio del Presidente y su poca firmeza con respecto a lo que sucedió. Lo que más me preocupa es que defendió lo actuado ¡Lo defendió!

¿Podríamos decir que Celso le pasó por encima entonces no solo a la propia Sala Constitucional sino también al Presidente? En caso de ser así es evidente que el Presidente... si te vi no me acuerdo...

El Presidente se hizo y se hará el loco. No tengo duda. Se ha vuelto muy hábil en eso. Es que es lo que te digo... quítele el título de Magistrado si quiere, Celso seguiría sin ser "cualquier ciudadano", y ciertamente no es un cualquier ciudadano común.

Se habla mucho de que "Celso ni siquiera es el presidente de la Corte". ¿Habría hecho diferencia si la solicitud la hubiera hecho Chinchilla? ¿Sabe usted que el propio Chinchilla la avaló pues retuiteó el tuit de la Fuerza Pública que también señalaba que actuaban ante la solicitud de Celso Gamboa?

Si no me equivoco el presidente de la Corte tampoco tendría competencia. Lo peor de todo, es que el miércoles, el ministro Mata sale diciendo que la solicitud de Celso fue atendiendo una del presidente de la Corte (nótese el teléfono chocho y la falta de seriedad), con lo cual lo mete en el baile. También estoy solicitando en la ampliación de la denuncia, que se investigue al presidente de la Corte.

¿Le llama la atención el manejo silencioso y discreto de la mayoría de la prensa en lo que a la situación refiere?

Me llamaría la atención, pero... siendo honestos con nosotros mismos... ¿qué podemos esperar de los medios? Porque prensa no son.

Ya en otro plano. ¿No le parece a usted rarísimo que el Ejecutivo no enviara ni un solo comunicado explicando esta situación cuando existen serias sospechas de que se quebrantó el orden constitucional?

¡Pues claro! Y es que aquí... a ver.... cómo se lo digo. Es natural que empiecen a surgir dudas e interrogantes, y con ello preguntas. Las preguntas o no reciben respuesta o reciben una respuesta que no es razonable. Y cuando te quedás sin justificaciones razonables... solo quedan las que no tienen sentido a menos que metás algo oculto.

Uno de los artículos en prensa más reveladores sobre la famosa "orden" es el de Hulda Miranda en Semanario Universidad. Algunas de las autoridades involucradas en los hechos brindaron declaraciones... interesantes. ¿Qué opinión le dejó aquella colección de citas?

Mirá Diego... la intervención fue lunes en la noche... para el jueves, no había una explicación coherente. Había más contradicciones que otra cosa. Tras de eso el viernes sale Andrade en el Semanario diciendo que llevábamos 4 días hablando de algo que no había pasado. ¿Al chile? Vamos para una semana y nadie sabe qué pasó... quién ordenó... todo mundo zafa. ¡La Sala Constitucional tampoco ha dicho nada! ¡Y era el tribunal que tenía el caso!

¿Cuál es el siguiente paso en el camino de su denuncia? ¿Qué sigue? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias y cuánto tiempo pueden tardar?

El siguiente paso es hacer la investigación preliminar para determinar si hay mérito o no para abrir el procedimiento. Luego sigue el debido proceso con derecho de defensa y demás garantías constitucionales. Regularmente la PGR tramita esto en alrededor de un año, esperemos que por la gravedad del caso le den mayor celeridad. Las consecuencias dependen de lo que la PGR puede hacer, ya que en materia sancionatoria tiene competencias limitadas. Aquí es donde surge la duda si va a remitir o no a otras instancias.... como la jurisdicción penal, por ejemplo.

¿Ha recibido amenazas? ¿Teme por su seguridad?

No, y no. No creo estar haciendo nada "malo" y no veo motivo para perder mi tranquilidad. Igual las amenazas no creo que logren su objetivo. Hace muchos años tuve lecciones en mi vida que me dieron el orden de prioridades bajo el cual vivo actualmente. Te soy honesto, puede que no sepa cómo quiero vivir, pero estoy clarísimo en lo que no quiero vivir... y no quiero vivir una dictadura fascista.