El proyecto pretende facultar a los gobiernos locales, como entes responsables de la gestión integral de residuos en cada cantón, a aplicar y ejecutar las multas correspondientes cuando se incurriere en los presupuestos establecidos en los numerales 49 y 50 referentes a las infracciones leves y graves, manteniendo la competencia del Tribunal Ambiental Administrativo para sancionar las infracciones gravísimas reguladas en el artículo 48 de la Ley.