El objetivo que pretende este proyecto de ley es suprimir las instituciones inactivas identificadas en términos operativos, funcionales y presupuestarios, que no obstante legalmente siguen vigentes. Al seguir vigentes, siguen existiendo en el organigrama institucional de nuestro país, incrementando el aparato público innecesariamente. Además, supone un riesgo tener instituciones legalmente vigentes que no operen, debido a la posibilidad abierta de reactivarlas, sin que existan criterios técnicos rigurosos para la existencia de las mismas, principalmente luego de haber permanecido inactivas.