Establece un mecanismo de inhabilitación que pueda aplicarse de forma directa en la Ley de Contratación Administrativa en los casos de incumplimiento sin justa causa, por parte del contratista en los proyectos de infraestructura vial. Igual sanción se aplicaría en caso de que el contratista cumpla de manera defectuosa o tardía con el objeto del contrato.