El proyecto busca subsanar omisiones importantes que presenta el ordenamiento jurídico en relación con la discriminación y el racismo, las cuales han sido reiteradamente señaladas por los órganos creados en virtud de los convenios en materia de derechos humanos. En este sentido, desde la emisión en el año 1993 de la declaración y Plan de Acción de Viena, el Estado costarricense asumió la obligación de adoptar las medidas necesarias y de las políticas firmes destinadas a la prevención y erradicación de todas las formas de racismo, xenofobia o formas análogas de intolerancia. Como parte de estas medidas, se insta a los países a la promulgación de leyes específicas que contemplen estas medidas, incluyendo la sanción penal y la creación de instituciones en el ámbito nacional.