Este proyecto de ley propone en última instancia la tesis jurídica de que resulta legítimo proteger solamente aquellos bienes lícitos, entendidos como aquellos que se han obtenido conforme a la ley, considerando que atentaría contra el principio de igualdad otorgar la misma protección a aquellos bienes patrimoniales obtenidos por medios ilícitos, antijurídicos y criminales. Considerando que no se puede tratar un derecho adquirido ilícitamente igual que uno adquirido lícitamente.