La iniciativa propone un modelo procesal prioritariamente oral que facilite el acceso real a la justicia y agilice la respuesta de los tribunales a favor de los particulares en las materias que se relacionan o inciden sobre las actividades agrarias y agroambientales. Lo anterior, a través de un código integral que se baste a sí mismo, sin necesidad, en lo posible, de remitirse a otros cuerpos normativos.