La tensión entre el Poder Ejecutivo y los municipios, especialmente del oeste de la capital trae cola desde hace días.
Por ello no fue de extrañar que este miércoles, los alcaldes de Mora, Escazú y Santa Ana convocaran a una conferencia de prensa virtual para presentar sus quejas ante las autoridades de Salud por no escuchar sus peticiones de apertura, y además anunciar un plan alternativo de reapertura que busca que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) flexibilice las medidas que pesan sobre sus cantones.
En este momento, los 3 cantones se encuentran en estado de alerta naranja por lo que las medidas comerciales con las que tienen que operar son más estrictas y de ahí viene el malestar de los municipios.
Según manifestó el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona Cortes, en este encuentro con la prensa:
5 meses después la crisis no termina y no se ve al final del camino una luz. Tenemos que reaccionar y no seguir manejando la pandemia igual a como cuando se anunció que en Costa Rica había llegado la COVID-19. Hoy el desgaste de las instituciones y las finanzas, así como el cierre de la construcción, locales comerciales y el libre tránsito, nos ha cambiado considerablemente el escenario. No podemos seguir manteniendo la dirección de otras veces".
El alcalde agregó que considera que los cierres son ilegales porque todas las empresas que no pueden abrir en este momento cumplían de previo los lineamientos de la Ley General de Salud para operar y por ello, asegura, esa operación no puede limitarse vía decreto, como se ha hecho (a pesar de que la Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo así lo habilita, en su apartado referente a la declaración de emergencia, como es el caso actual).
Por ello el alcalde manifestó que está "cansado de recibir solo directrices del Gobierno central y que nuestras propuestas ni siquiera sean leídas" y por eso, en conjunto con los otros dos municipios de la zona, enviaron el protocolo independiente a las autoridades sanitarias que trae, entre otras cosas, las siguiente solicitudes:
- Que el comercio que elabora productos alimenticios trabaje a partir de los protocolos sanitarios vigentes y con fiscalización cruzada entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad.
- Que se permita la apertura del comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos automotores y motocicletas con medidas de salubridad incluidas.
- Que se permitan las actividades de servicio de comidas y bebidas, bajo cumplimiento de medidas.
- Que se habilite la operación de actividades como juegos de azar y apuestas.
Este mismo miércoles, la CNE confirmó la recepción del documento y las autoridades aseguraron que van a realizar el análisis correspondiente para valorar la matriz de riesgo y las acciones de mitigación propuestas.
El presidente de la Comisión, Alexander Solís Delgado, manifestó que:
Toda propuesta que impacte de manera positiva en los costarricenses es bien recibida. Con nuestro equipo de trabajo analizaremos cuál sería la estrategia de contención, el compromiso municipal y el plan de acción, entre otros, para la implementación de las acciones que nos presentan los alcaldes.”
Tensión creciente
La tensión entre los municipios y las autoridades de Salud está aumentando desde la semana anterior.
El fin de semana, los alcaldes decidieron que sus recursos policiales no podrán enfocarse más en hacer cumplir la restricción vehicular sanitaria, sino que ahora trabajarán en temas de seguridad ciudadana, de evitar aglomeraciones y de hacer cumplir las medidas que eviten contagios de COVID-19, dejando la atención de este tema únicamente en manos de la Policía de Tránsito.
La decisión no cayó bien en Zapote; pero tampoco cayó bien este miércoles el comentario del alcalde de Escazú cuando aseguró que, si no se les permite reabrir el comercio, no tendrían cómo seguir apoyando al Gobierno central en el proceso de contención de la COVID-19.
Según Barahona:
Ante la no reactivación económica y ante el empobrecimiento que se está dando en el empresariado nacional, no vamos a recibir los recursos suficientes para seguir pagando combustibles para los vehículos que tenemos prestados y no vamos a tener para pagar horas extras a esos choferes ni para pagar a los oficiales, por lo que vamos a tener que generar serios recortes a nuestros programas sociales y de asistencia al Gobierno, lo cuál va a repercutir en que no vamos a poder seguir atendiendo los requerimientos del Gobierno central. No es un acto de rebeldía, es que se está convirtiendo en una imposibilidad material para seguir apoyando al Gobierno".
Barahona hizo un llamado a todas las municipalidades a que se unan en estas exigencias y aseguró que si el Gobierno se queda sin el apoyo de estos órganos cantonales "va a quedar completamente inoperante en el control de la pandemia en este momento".
El comentario fue recibido con recelo por las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una de las instituciones que más requieren del apoyo municipal en este momento para el control de pacientes COVID-19 y la toma de muestras en las comunidades.
Este miércoles en conferencia de prensa, el jerarca de la institución, Román Macaya Hayes, señaló al respecto que:
Sería lo peor que podría pasarnos que nos empecemos a dividir como país cuando tenemos que estar tomando muestras, cuando tenemos que estar entregando medicamentos y cuando tenemos que estar lidiando con toda la operativa que implica atender una pandemia como país. Esperamos que los actores no lleguen a esos extremos porque lo peor que podemos hacer es dividirnos y decir que 'si esto no se hace entonces yo dejo de colaborar en algo que es esencial'".
