La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) condenó al Ministerio de Justicia debido a los tiempos "excesivos y desproporcionados" que los privados de libertad están pasando en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según informó este viernes la oficina de prensa de la Sala, los magistrados acogieron por el fondo un reclamo presentado por el director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza, a favor de una persona que lleva más de ocho días en una celda del OIJ, la cual no reúne las condiciones básicas a la espera de ser reubicado en un centro penitenciario.

La Sala recordó que el tiempo máximo que una persona debe permanecer en una celda del OIJ, según la jurisprudencia, es de 72 horas; además que permanecer en una celda que no reúne las condiciones básicas para soportar una estadía tan prolongada atenta flagrantemente contra los derechos fundamentales y contra la dignidad humana.

El Tribunal ordenó al Ministerio de Justicia dar, de forma inmediata, una solución a todos los privados de libertad que se encuentren en circunstancias similares.

En su reclamo, el director del OIJ resaltó que las celdas de la institución han sido diseñadas para el tránsito de personas detenidas y no como recintos de custodia definitiva. También alegó que las condiciones de hacinamiento que se están generando en las celdas del Poder Judicial afectan la sana convivencia y crean un clima inadecuado que puede detonar en agresiones y perturbaciones emocionales de las personas privadas de libertad.

El magistrado instructor del caso, Jorge Araya García, manifestó que el Tribunal Constitucional es consciente de todos los obstáculos que afrontan actualmente las autoridades penitenciarias a raíz de la pandemia del COVID-19 para ubicar, con prontitud, a los privados de libertad provenientes de celdas del OIJ; sin embargo, aclaró que es responsabilidad de dichas autoridades implementar y ejecutar medidas contundentes y efectivas que permitan que la población penal que se mantiene en celdas judiciales lo haga de forma temporal y no de manera prolongada, en claro menoscabo de sus derechos y garantías, tal y como sucedió en el caso del tutelado.

Participaron de la decisión del caso los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el suplente Ronald Salazar Murillo.