El Gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada urgió a la Asamblea Legislativa aprobar este mismo mes el crédito de $508 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a Costa Rica mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19.

En una carta enviada ayer lunes a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a los jefes de fracción y a los diputados independientes de la Asamblea, el Ejecutivo urgió "respetuosamente" la aprobación de los recursos para este mes, alegando que un retraso podría impactar negativamente los tiempos de las negociaciones de un acuerdo con el FMI, y poner en entredicho las posibilidades de Costa Rica para obtener financiamiento extraordinario en medio de la pandemia.

La carta la suscribió el Presidente del Banco Central de Costa Rica y gobernador del país ante el FMI, Rodrigo Cubero Brealey; la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico, María del Pilar Garrido Gonzalo; y el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.

El Gobierno afirma que el crédito, tramitado en el expediente legislativo 22.018, es fundamental por su contribución al financiamiento del Gobierno este año y porque representa "un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas y financieras del país".

El crédito "es la llave" para que el país avance formalmente en la negociación de un Acuerdo Stand-By (SBA) con el FMI, el cual daría unos $2250 millones de dólares en tres años para atender las necesidades de financiamiento del Gobierno, a cambio de que el país tome medidas para que las causas que llevaron a la crisis fiscal sean corregidas.

Cálculos del Ejecutivo señalan que el acuerdo tendría como fin alcanzar superávit primario (más ingresos que gastos, sin tomar en cuenta intereses) para el año 2024 por el orden del 2% del PIB; mientras que la deuda del Gobierno Central debería reducirse al 50% de la producción para el año 2034.

Para este 2020 el Gobierno pretende financiarse, a raíz de la pandemia, con créditos externos por 7,3% del PIB (de los cuales 3,6% ya fueron aprobados por el Congreso; 0,8% estará presentándose en próximas semanas y 2% siguen en negociación); y financiamiento interno por 5,2% del PIB (de los cuales 2.38% ya fueron obtenidos).

El equipo económico del Presidente Alvarado sostiene que las tasas de interés de los créditos multilaterales son en promedio entre 550 a 600 puntos básicos inferiores a las del mercado interno, lo que reduciría el costo de la deuda en 0.8% del PIB acumulado durante el periodo 2020 al 2024.

Diputados reaccionan

Silvia Hernández, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Hacendarios señaló que un acuerdo del FMI con Costa Rica "puede representar una buena idea por dos razones principalmente: la primera, que si representa un conjunto de acciones viable podría dar credibilidad a la política económica de un gobierno débil; y podría proporcionar recursos adicionales para el gobierno y al Banco Central".

Sin embargo, Hernández insistió en que el acuerdo debe ser viable y que el Gobierno debe comprometerse a cumplir con las condiciones acordadas, pues el costo a la credibilidad del país podría ser mayor si ese compromiso no se lleva a cabo. Inclusive, sugirió que el Banco Central adelante la presentación de la revisión del programa macroeconómico, aunque sea a los diputados.

Luis Fernando Chacón, jefe de los liberacionistas, dijo que el Ejecutivo debe presentar pesos y contrapesos que definan la ruta que tiene el país en materia macroeconómica y que de una visión clara de dónde estamos y a dónde vamos a llegar con la propuesta del FMI.

Rodolfo Peña Flores, jefe del PUSC, dijo que todos los créditos que sean para canjear deuda no van a tener "grandes problemas" y que podrían avanzarlos, siempre y cuando sean con ese objetivo; pero si son créditos de apoyo presupuestario deben analizarlos porque deben estar enterados del para qué se ocupan esos recursos.

Peña dijo además que la aprobación del crédito rápido con el FMI no es requisito para negociar el Acuerdo Stand-By y que la carta enviada es una medida de presión de Ejecutivo, al tiempo que rechazó que vayan a aprobar un crédito sin antes hacer un análisis profundo.