El Gobierno de la República le puso un alto temporal al decreto que prohíbe el uso de vías públicas para actividades deportivas y culturales en nuestro país. Las autoridades gubernamentales tomaron esta decisión para que el decreto sea revisado, ya que con la crisis ocasionada por la COVID-19 el país va a requerir de estas actividades para reactivar la economía.
Esta petición fue impulsada por la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA), la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI) desde el pasado 11 de junio.
Mediante un comunicado redactado por las tres federaciones, se indica:
Esto abre la posibilidad de que el decreto sea puesto a discusión para reformar el transitorio único del decreto ejecutivo N° 40864-MOPT, publicado el 5 de diciembre del 2017, reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas terrestres."
La petición de estas federaciones pretendía posponer la aplicación de dicho reglamento. Según los entes deportivos, la aplicación de este reglamento traía los siguientes prejuicios:
- Prohibición del uso de las rutas nacionales entre la 1 a la 99.
- Prohibición de otras rutas secundarias.
- Se restringen eventos deportivos en el área metropolitana
- Se requiere del acuerdo de “interés público” para poder acceder a todas las rutas que serán prohibidas según reglamento.
- El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación debería de tramitar al menos 150 declaraciones de interés público por año, para poder mantener en calendario los eventos avalados por las tres federaciones.
- Comunidades rurales no recibirían el impacto económico favorable que representa el desplazamiento de cientos de personas hacia las diferentes sedes de los eventos deportivos.
- Los programas de entrenamiento, masificación y desarrollo que el ICODER nos exige, se ven afectados también.
- En el reglamento no se toma en cuenta el criterio técnico de cada una de las federaciones, lo que nos hace invisibles en el proceso.
Para las federaciones sería importante tomar en cuenta el proyecto de "Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres", el cual está en la corriente legislativa desde el pasado 12 de diciembre del 2019. Actualmente esta propuesta se encuentra en estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
El pasado 23 de junio, los 118 Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron a todos los países que integren el deporte y la actividad física en en las estrategias nacionales de sostenibilidad y desarrollo posteriores a la crisis sanitaria generada por la COVID-19.
Según la ONU, el deporte y la actividad física generan una valiosa contribución en la promoción de muchas áreas importantes, tales como: educación, desarrollo sostenible, paz, cooperación, solidaridad, equidad, inclusión social y salud.
