La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, condenó a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) por ordenarle al Diario Extra eliminar de sus registros una fotografía usada para ilustrar una nota periodística que fue publicada el 24 de junio del 2015.

Por decisión unánime bajo la sentencia 2020-10961 dictada este 17 de junio, el Tribunal anuló la resolución administrativa de la Prodhab al determinar que la misma afecta el desempeño periodístico, informativo y noticioso y, con ello, el contenido esencial de la libertad de prensa.

La nota publicada denunciaba “atropellos” que sufren costarricenses por parte de autoridades extranjeras en la frontera y contenía una fotografía del pasaporte de un sujeto (en donde se destaca su rostro) a quien identifica como un afectado por esos hechos. Ese sujeto acudió a la Prodhab para solicitar la eliminación de la fotografía, cosa que la agencia ordenó al medio realizar.

En su argumentación, la Sala Constitucional señala que el diario se limitó a difundir información relacionada con un hecho noticioso y de interés para la colectividad, por lo que el consentimiento del uso de la imagen, en ese contexto, no era necesario. Además, los magistrados señalaron que la fotografía que se utiliza es parte de un documento público, no una imagen obtenida en un contexto íntimo, familiar o privado; se utiliza como accesoria a una noticia veraz y no afecta la dignidad de la persona.

Finalmente, el Tribunal destacó que las competencias de la Prodhab, para fines de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, no pueden ser utilizadas como un censor del ejercicio legítimo de la libertad de prensa, porque ello sería una censura indirecta, en control del Estado, de un derecho esencial para el sostenimiento del régimen democrático.

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes fue condenada al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos denunciados.

El Tribunal estuvo integrado por los magistrados Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López (magistrada instructora), Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas y el suplente José Paulino Hernández Gutiérrez.