El proyecto de ley que pretende pasar el disfrute de los feriados del 2020 y 2021 a los días lunes para promover el turismo nacional, se tambalea y acerca hacia su archivo debido a nueva información sobre las implicaciones económicas que tendrá, las cuales no fueron advertidas por la Comisión de Económicos del Congreso.

El tema involucra una evidente pugna entre el diputado Carlos Ricardo Benavides y el proponente del proyecto, Roberto Thompson Chacón, ambos del Partido Liberación Nacional.

Aunque la iniciativa fue aprobada en primer debate por unanimidad y el proyecto salió de comisión en tiempo récord, el segundo debate previsto para este lunes se suspendió y en su lugar, se presentó una moción para devolver el proyecto a la etapa previa a la primera votación, para hacerle cambios al texto.

La diputada Yorleni León del PLN explicó que los pequeños y medianos empresarios también están en una situación complicada y asumir el costo de cuatro feriados el día lunes los pone en una situación complicada en unos casos, y en otros deberán perder un día de negocios si es que deciden no abrir.

Aquí es importante dos asuntos: uno, es que efectivamente sigue siendo un interés de los legisladores que firmamos la moción cuidar y proteger al sector turismo, pero también tenemos que cuidar y proteger a los demás sectores, donde también hay micro, pequeñas y medianas empresas para las que una afectación de cuatro feriados sigue siendo o es muy significativa. Por esa razón queremos devolver el proyecto a comisión para presentar una moción para que nos permita, entonces, devolver los feriados que estén ubicados como domingo y no lunes.

León citó además un oficio que llegó hoy al Congreso de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, advirtiendo que el proyecto de ley tiene impacto desde el punto de vista financiero y para los pacientes, porque todas aquellas atenciones que se deberían de brindar los días lunes, al ser feriado se dejaría a esos pacientes sin servicio.

El diputado Carlos Ricardo Benavides afirmó que el sector turismo necesita apoyo, pero sin costo para el Estado ni para el resto de las empresas.

"Cuando se trata de trasladar sábados y domingos que no se iban a poder disfrutar al día lunes, eso tiene un impacto sobre las finanzas públicas y sobre las finanzas de las otras empresas. Hemos estimado que trasladar esos sábados y domingos a lunes tiene un costo para el Estado de alrededor de 50 mil millones de colones y para la empresa privada de alrededor de 116 mil millones de colones", dijo el legislador.

Ante ambas intervenciones, el diputado Roberto Thompson hizo uso de la palabra para defender el proyecto y preguntó: ¿Alguien en este Plenario me puede decir quién está peor que el sector turismo? ¿Alguien en este Plenario me puede decir quién está peor hoy que la gente que está en cero? ¿Alguien en este Plenario me puede decir quién está peor que la Soda en Bajo Rodríguez?, ¿o la venta de artesanía en Sarchí?, ¿o la venta de artesanía en Puerto Viejo?, ¿o el pescador en la Zona Sur?, ¿o los hoteles en La Fortuna?

Thompson calificó como "números a mano alzada" los cálculos de afectación al Estado y al sector privado dados por Carlos Ricardo Benavides y afirmó que él no tiene ese documento, pero sí una manifestación del Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo que urgen la aprobación del proyecto.

Estamos aquí discutiendo por cuatro domingos en dos años, y además ofreciéndole al sector cambiando por el 2022, cuando en el 2022 hay tres lunes feriados; no tiene ningún sentido.

Benavides respondió que una discusión demagógica sobre este proyecto o cualquier otro no cae bien al Plenario ni a Costa Rica y dijo que nadie está en contra del proyecto, sino que lo que están diciendo es que el proyecto incluye una serie de factores que hacen que resulte negativo en la forma en la que está redactado, tanto para el erario público como para otros sectores productivos.

Mi sector es turismo. Aquí para nadie es un secreto, es mi sector, es el sector al que he estado ligado por años y del que fui ministro de Turismo dos veces. Lo entiendo perfectamente y sé perfectamente las necesidades que está pasando el sector. Pero eso no me obnubila, ni me pone el discurso de las dificultades por delante de todos los costarricenses.

De seguido, el diputado dijo que si la Comisión de Económicos no sabía del impacto financiero del proyecto "es porque no estudió o porque no pidió esa información, y trajo a este Plenario el proyecto sin datos. Hasta hoy está llegando la objeción de la Caja, y las expresiones de la Unión de Cámaras, que recién hemos conocido, no las conocimos ni siquiera antes de votar".

Esa declaraciones causaron malestar en Thompson y en el diputado Daniel Ulate.

"Mis compañeras y compañeros de la Comisión de Asuntos Económicos que me parece que han sido irrespetados. Nosotros venimos haciendo un trabajo absolutamente serio en este y en todos los proyectos para que se señale que traemos a este plenario legislativo proyectos sin el debido estudio", dijo Thompson.

Se hicieron todas las consultas respectivas y aquí ninguno de mis compañeros y compañeros de ninguna de las fracciones me deja mentir como hemos trabajado durante este año con absoluta responsabilidad y seriedad de manera que yo defiendo el trabajo que hemos hecho lo respaldo y lo seguiremos haciendo de la misma forma.

Ulate por su parte dijo que hubo un "irrespeto grande ante los miembros de la comisión de asuntos económicos porque no solamente este proyecto de ley ha pasado por ahí; otros proyectos que han pasado se ha hecho todos los estudios, se han consultado todas las veces que han sido necesarios".

No vale venir aquí a decir en el plenario a faltar el respeto a sus propios compañeros, yo creo que eso no vale la pena señor presidente y ojalá que sean partícipe de las comisiones cuando le de verdad se le interesa algún tema en específico y no como ha pasado con otros temas que simple y sencillamente quieren venir a atravesar como se dice popularmente el caballo a propuestas de ley que definitivamente no tiene ni la menor idea de toda la investigación que ha habido de detrás de los temas.

La moción de retrotracción fue rechazada con 31 votos a favor y 14 en contra (se necesitaban 38 votos a favor). Ahora el proyecto queda en un limbo, pues el rechazo implica que se avanzará hacia el segundo debate, sin embargo, la votación señala que hay 31 diputados que no están dispuestos a dar el paso final con el texto actual, lo que implica que de no devolverse el texto, el mismo podría fracasar y no aprobarse.

No se avanzó más en el tema pues el presidente legislativo optó por levantar la sesión.

Breves

— 48 diputados aprobaron en segundo debate una reforma integral a la ley del año 1961 que estableció el régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café en Costa Rica, y creó el Instituto del Café (Icafé). Ese instituto tendrá la facultad de vigilar el acto de medir las entregas de café, para que se realicen de manera equitativa y uniforme en todo el país; además de prohibir a los beneficiadores recibir café de quienes no sean productores.

El texto dispone sanciones por mentir o suministrar datos falsos sobre la cantidad de café entregada o los ingresos percibidos, y el Icafé queda facultado a calificar la veracidad de los números mediante una investigación pericial. La institución tendrá además la facultad de imponer sanciones contra los beneficiadores que no entreguen información quincenal sobre la cantidad de grano entrada a sus patios, detallando el propio y el comprado, cantidades de café maduro y verde; y el desglose por zonas.

También se señala que el Sistema Bancario Nacional tendrá como función primordial dirigir la política crediticia para financiar cosechas de café, permitiendo el financiamiento directo a los caficultores; por otro lado, la utilidad neta para el exportador no podrá ser mayor a 2,5% del valor de la transacción si asume el riesgo de la fluctuación del mercado; y de 1,5% si actúa como simple intermediario.

— 44 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.094 que autoriza al Infocoop a vender o alquilar un terreno de su propiedad a la Cooperativa de Transporte Remunerado de Personas del Roble (Cooperoble RL).

— 46 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.153 que declara de interés público el desarrollo turístico del distrito de Gutiérrez Braun en Coto Brus.

— 45 diputados aprobaron retrotraer a primer debate el expediente 21.489 luego de la llegada tardía de solicitudes de magistrados de la Corte Suprema para hacerle modificaciones al texto. Con este proyecto se pretende que el incumplimiento de plazos para dictar sentencia en procesos laborales no sea causal de nulidad de todo lo actuado.

— La Comisión Investigadora de la UPAD recibió en audiencia a la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Elizabeth Mora Elizondo, quien reiteró que la entidad nunca fue consultada sobre la creación del decreto para la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y que ella le expresó al entonces ministro de la presidencia, Víctor Morales Mora, que si el texto del mismo les hubiese sido sometido a consulta previa, el polémico artículo 7 nunca habría existido, o se habría promulgado con una redacción diferente. Durante la audiencia quedaron en evidencia las carencias de equipo y personal que tiene la Prodhab para atender las centenares de denuncias que recibe al año, al punto que ni siquiera puede interponer las millonarias multas que la ley le permite porque carece de un lugar donde hacer las audiencias para garantizar el debido proceso.

— La Comisión Especial que estudia la reforma constitucional para forzar a las universidades estatales a invertir 30% de su presupuesto en zonas regionales recibió en audiencia al presidente del Conare, Luis Paulino Méndez, quien dijo que la medida no es prudente porque la propuesta no cuenta con bases técnicas para establecer el porcentaje a destinar a dicho fin, y más bien ello pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario como un todo. Además, esta propuesta resulta contradictoria a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, de no apoyar la creación de destinos específicos y utilizar un presupuesto más flexible en el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa los presupuestos de las universidades públicas según los criterios técnicos que rige la materia.