La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República informó este jueves haber finalizado la acusación contra el exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, por haber aceptado un viaje a Panamá pagado por el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas y el primo de este, de apellidos Rojas Segura.

Según un comunicado del Ministerio Público, el viaje se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016 y como resultado de esa dádiva el exmagistrado efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal.

Específicamente, la Fiscalía acusa que Gamboa no se inhibió de resolver la solicitud de desestimación de la causa penal tramitada en el expediente 15-22-0033-PE, en la que se señalaba a los exdiputados Victor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, Walter Céspedes Salazar por un delito de tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños Rojas.

La Fiscalía determinó que los gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por Rojas Segura, quien fungía como gerente general del grupo empresarial de Bolaños, a solicitud de este.

"Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice", dijo el Ministerio Público.

La acusación también hace referencia a hechos ocurridos la tarde del 18 de abril del 2017, cuando el exmagistrado y el empresario se encontraron en las afueras del edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y donde Gamboa digirió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Allí, según la acusación, en el escritorio de la Coordinación Judicial Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada.

Según la Unidad Especializada, el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía también señala al exmagistrado Gamboa de haber mentido bajo juramento ante la Comisión Especial que se creó en la Asamblea Legislativa para investigar el cementazo.

La acusación plantea que el exjuez faltó a la verdad estando bajo fe de juramento, pues, supuestamente, mintió en algunas de sus afirmaciones; entre estas, sobre la forma de adquisición del boleto y hospedaje en Panamá, así como sus traslados en ese país, y acerca de la habitualidad de su contacto con Bolaños. Por ello, la Fiscalía le imputa el presunto delito de perjurio.

Juan Carlos Bolaños, por su parte, también habría faltado a la verdad pese a estar bajo la fe de juramento, ya que cuando atestiguó ante el órgano director abierto contra Gamboa por parte de la Corte Plena, el 14 de diciembre del 2017, mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, como el tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje.

A raíz de esas acciones, la Unidad Especializada lo acusa por de falso testimonio.

La acusación fue comunicada ayer a la Procuraduría General de la República (PGR), que figura como parte afectada en el proceso. A partir de ello, la Abogacía del Estado cuenta con tres días hábiles para informar si se constituirá en querellante, es decir, si presentará una acusación particular, y si recurrirá o no a una acción civil resarcitoria para reclamar un monto económico por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los hechos.

Cumplido ese plazo, la Procuraduría tendrá 10 días más para formular y presentar dichos documentos y una vez que los reciba, la Fiscalía remitirá estas gestiones, junto con la acusación, al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, para que se programe una audiencia preliminar.