La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó este martes, por mayoría, un proyecto de ley iniciativa del Frente Amplio que pretendía forzar al Ministerio de Hacienda a publicar mensualmente el listado de contribuyentes morosos en el pago de impuestos; y publicar anualmente la lista de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales que declaran cero en sus utilidades.
Se trata del expediente 21.161, votado negativamente por los diputados María Inés Solís y Oscar Cascante del PUSC; Carlos Avendaño del PRN, el independiente Harllan Hopelman, y los diputados del PLN, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales.
El informe pretendía la reforma del artículo 115 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para establecer la obligación a la Administración Tributaria de publicar la lista actualizada de las personas deudoras con la Hacienda Pública y los montos adeudados, así como los nombres de las personas físicas o jurídicas que no han presentado sus declaraciones o que realizan actividades económicas sin haberse inscrito como contribuyentes.
Actualmente Hacienda tiene la potestad (es decir: opcional) de hacer público ese listado, por lo que la reforma pasaba a hacerlo una obligación.
Además, establecía como obligación que una vez al año la Administración Tributara publicara la lista actualizada de Grandes Contribuyentes y Grandes Empresas Territoriales que reportaron pérdidas o utilidades iguales a cero en el año fiscal anterior, indicando nombre y número de cédula.
La mayoría acogió un informe de subcomisión defendido por la diputada María Inés Solís, que señalaba que aunque el proyecto puede ser popular y apoyado por varios sectores "porque es vendido como una mejora en el principio de transparencia, en un análisis integral hemos concluido que es innecesario y puede ser perjudicial".
El contribuyente que declara el impuesto a las utilidades en cero, no necesariamente significa que esté evadiendo el pago de impuestos y que incumple el deber constitucional de contribuir con el financiamiento del gasto público. Por lo tanto, se podría estar exponiendo y dañando, sin causa justa, la imagen del contribuyente en el ambiente social en el que se desenvuelve, pues la iniciativa cala en aspectos que son de carácter confidencial, aspectos que en principio podrían considerarse delicados, como todo lo que envuelve la materia tributaria.
Solo las diputadas oficialistas Nielsen Pérez y Laura Guido votaron a favor del expediente. Pérez dijo que no estaba de acuerdo con el informe de subcomisión pues la iniciativa pretende fortalecer la publicidad de los contribuyentes morosos y recordó que la Procuraduría General de la República no encontró ningún problema en el texto.
Ambas legisladoras podrán presentar un dictamen de minoría, de modo que el proyecto pasaría al Plenario donde tendrían que conocerse el criterio negativo de mayoría, y si el Pleno no lo acoge, entrar a conocer el dictamen de minoría afirmativo bajo el que se podría mocionar, sin embargo, esa es una baja posibilidad de que llegue a ocurrir.
Precisamente este martes el diputado José María Villalta del Frente Amplio hizo público un oficio del Ministerio de Hacienda en el que le daban la identidad de los Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales que declararon pérdidas o utilidades en cero. Si se compara con la lista previa, hay una disminución importante en la cantidad de empresas.
Breves
— 40 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 20.965 que crea a "Cabeceras" como el octavo distrito del cantón de Tilarán. El área de este nuevo distrito será de aproximadamente 51.25 kilómetros cuadrados, mismos que serían extraídos de los 85,24 kilómetros cuadrados correspondientes al área actual del distrito de Quebrada Grande, quedando este último con un área neta de 33.99 kilómetros cuadrados.
— 39 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 20.612 que reforma la Ley de desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Hojancha y la autorización a dicha Municipalidad para que lo segregue y done los terrenos segregados a personas físicas (ley del 22 de julio de 2011), para incluir a una mujer que había quedado excluida de la versión original
— 39 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.631 que modifica el Estatuto de Servicio Civil para incorporar un nuevo requisito para ingresar a la carrera docente: el examen de idoneidad. Dicho examen será establecido por el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, el cual será el encargado de aplicar dicho examen de acuerdo con la reglamentación que para tal fin se establezca.
De esta manera, los requisitos para ingresar a la carrera docente serán: solicitud escrita del interesado; títulos, certificados o certificados de estudios realizados y experiencias; certificado judicial de delincuencia; reunir los requisitos que indica el artículo 20 del Estatuto; y declarar que se está libre de obligaciones o circunstancias que inhiban el buen cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo; sumado al examen de idoneidad.
— 39 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.933 que prorroga a 2021 los nombramientos de juntas directivas y otros órganos civiles que vencen este año. Con la última modificación aprobada se incorporaron dentro de la aplicación de esta ley las juntas administrativas y directivas de las organizaciones amparadas a la Ley Constitutiva de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica; las juntas de gobierno o juntas directivas, así como las Fiscalías y cualquier otro órgano de los Colegios Profesionales; la junta directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); y la junta directiva de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, los delegados del Congreso Nacional Cafetalero, miembros de la junta directiva del Instituto de Café de Costa Rica o cualquier otro nombramiento realizado al amparo de la Ley 2762.
— 39 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.489 con el cual se reforma el Código de Trabajo para que el incumplimiento de los plazos para dictar sentencia y los plazos para documentar y notificar la sentencia dictada en tiempo, una vez concluido el juicio oral y público, no sean causal automática de nulidad de todo lo actuado y resuelto en este tipo de procesos.
— La Comisión de Gobierno y Administración aprobó este martes el texto sustitutivo planteado por el Poder Ejecutivo para el proyecto de ley sobre empleo público (expediente 21.336). El texto fue enviado a consulta a todas las instituciones que conforman el aparato estatal, varias organizaciones sindicales y cámaras empresariales
— La Comisión de Asuntos Económicos aprobó el texto sustitutivo propuesto por el Poder Ejecutivo para el proyecto de ley que elimina el pago de la anualidad de los años 2021 y 2022 (expediente 21.917). Quedan pendientes de conocer mociones para excluir de la medida a aquellos funcionarios que hoy se encuentran en la primera línea de la atención de la emergencia, como por ejemplo, Fuerza Pública, funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, Migración y Extranjería, entre otras.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 21.613 que autoriza a la Junta Directiva del Registro Nacional a trasladar ¢5692 millones de colones al Ministerio de Justicia y Paz para realizar inversiones en obras de infraestructura que permitan atender la situación del hacinamiento carcelario en Costa Rica. Esa misma comisión, además aprobó una moción para que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, comparezca para rendir cuentas sobre el actuar de la institución tras la denuncia por desaparición de la joven Luany Salazar, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por sus familiares a pocas casas de su residencia.
— La Comisión de Hacendarios recibió en audiencia a los jerarcas de la Junta de Protección Social (JPS), Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) e Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quienes pidieron reformas al proyecto de Ley PAGAR, para destinar superávit de instituciones al pago de intereses y amortización de la deuda pública. La JPS dijo que de los 34 mil millones contemplados en la iniciativa, solo pueden ceder 15 mil millones; la Sutel pidió ser excluida pues se dejaría sin recursos al Fonatel y el ICT pidió ser excluido pues ahora necesita de los dineros para apalancar el sector turismo, afectado por la pandemia de COVID-19.
