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Un contexto diferente. Esta semana el presidente Carlos Alvarado realizó en la Asamblea Legislativa el acostumbrado discurso de cada mayo sobre el estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Por supuesto, el impacto mundial de la pandemia no podía quedar fuera del mensaje presidencial. Toda la primera parte versó sobre este asunto porque la pandemia, efectivamente, pone en riesgo nuestra salud y forma de vida. Además, ha dañado enormemente la economía nacional  y los ingresos de las familias.

Nuestro país y el mundo enfrentan un reto mayúsculo que en nuestro caso ha sido bien abordado en el área sanitaria y como menciona el presidente: “Costa Rica, valiente, unida y esperanzada, está decidido a vencerlo, ¡y lo venceremos!”.

Cualquier análisis no debería perder de vista que el país ha afrontado de forma responsable y efectiva la pandemia, de ahí que la situación sanitaria esté aún bajo control. Pero este análisis no es sobre la pandemia, ¿qué pasa con la rendición de cuentas en todos los demás aspectos de la gestión del Ejecutivo el último año, especialmente en materia de derechos humanos?

Enfoque de derechos humanos

Primero que todo, analizar el tema de derechos humanos dentro de este tipo de mensaje presidencial puede llegar a ser complejo. A fin de cuentas, los derechos humanos abarcan muchísimas materias, ya que se tratan de cuestiones civiles, políticas, económicas, sociales, culturales e incluso, ambientales.

La principal función del Estado debería ser respetar y asegurar el disfrute de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Esto implica limitaciones del poder estatal y en otras ocasiones una actitud proactiva de la institucionalidad pública para crear condiciones básicas para el goce de los derechos.

Es entonces que si analizamos de forma amplia, los derechos humanos podrían abarcar la totalidad de acciones del Estado. Por ejemplo, una situación económica que ahogue los ingresos de las personas pone en peligro la capacidad de ellas para acceder a bienes y servicios que les aseguren al menos una mínima dignidad humana y ahí la intervención del Estado no es solamente una cuestión económica, sino esencialmente social y de crear las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. De esto se trata el enfoque de derechos humanos: Que las prácticas institucionales del Estado se ajusten a un fin esencial de realización de los derechos humanos de todas las personas.

Lo positivo de los avances pre-pandemia

La segunda sección del mensaje presidencial es donde, en principio, entró la rendición de cuentas por las acciones del gobierno el último año. Si bien es cierto, los derechos humanos abarcan muchísimas de las áreas de acción del Estado, pero me voy a concentrar solamente en ciertos aspectos.

Algunos avances que se mencionan en el discurso: El trabajo en los pueblos indígenas para ejecutar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaratoria de interés público de un Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, acceso a la anticoncepción oral de emergencia, la firma (sumamente tardía) de la norma técnica de aborto terapéutico en casos de riesgo para la vida y salud de la mujer, el avance en la implementación efectiva de la fertilización in vitro en el país, disminución de los feminicidios y la próxima entrada en vigencia del matrimonio igualitario para parejas de personas del mismo sexo.

¿Y los temas pendientes?

Algunos dependen del Ejecutivo y en otros casos un impulso desde este poder sería recomendable y necesario, aunque dependen mayormente del Legislativo. Con esa salvedad, ¿Qué falta por parte del Estado? Algunos temas: Un protocolo de protección de personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, penalizar los crímenes de odio, avanzar en la aprobación de una ley marco contra la discriminación y un marco jurídico amplio sobre este tema, garantizar un mecanismo efectivo para que el Estado implemente sus obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, penalizar las terapias de conversión, asegurar el respeto íntegro a la identidad de las personas transgénero, asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes incluyendo ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, cumplir efectivamente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en lo que respecta a la protección de pueblos y líderes indígenas, asegurar la recuperación de las tierras indígenas, reducir el hacinamiento en centros penitenciarios, avanzar hacia medidas alternativas a la privación de la libertad, entender el asunto de las drogas como un problema de salud pública y no de seguridad y represión estatal, garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, avances en la agenda de gobierno abierto y el derecho de acceso a la información pública, entender la infraestructura pública desde el derecho a la ciudad y que la misma sea centrada en las personas y no en los automóviles, entre otros…

Sí, la deuda de Costa Rica en esta materia sigue siendo amplia; aunque el presidente haya mencionado su promesa de defender los derechos de cada persona, combatiendo todo tipo de discriminación. Es casi tradicional que cada mayo quien ocupe la Presidencia de la República ofrezca no solo una rendición de cuentas al país ante la Asamblea Legislativa, sino que también comunique cuál es su hoja de ruta para los meses siguientes. El mensaje resultó omiso e insuficiente, no solo en las medidas económicas para la recuperación debido a la pandemia, por cierto. ¡Falta muchísimo más, señor presidente!