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El pasado 20 de mayo Tsai Ing-wen inició su segundo mandato consecutivo al frente de la República de China (Taiwán). En mayo de 2016 asumió el cargo como lideresa del Partido Democrático Progresista, convirtiéndose en la primera mujer presidenta. Tiene una maestría en derecho en Cornell Law School y su doctorado en ese campo en London School of Economics.

En enero pasado triunfó con 57% de los votos. Sin duda esto le permite consolidar la política exterior que implementó en su primer periodo. Pero esto ocurre en una coyuntura particular de las relaciones a través del Estrecho de Taiwán, por los esfuerzos que realiza Xi Jinping en Pekín para consolidar el proyecto hegemónico confuciano de China. Sin perder de vista las protestas ciudadanas en Hong Kong, en demanda de mayor democracia y libertades civiles, en el marco de lo que el Gobierno chino denomina “un país, dos sistemas”. Propuesta que en la práctica ha llegado a ser una falacia, que en algún momento era aplicable a Hong Kong y Macao, pero no Taiwán.

Pekín proclama como principios de su política exterior: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos de otros países, igualdad, beneficio recíproco y coexistencia pacífica. Complementados con el principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en este último China es el que decide a quién considera pueblo y a quién no, en términos de respetar esa autodeterminación. Ejemplo de esto son las comunidades iugur y tibetana, a las cuales no se les respetan los derechos humanos y más bien hay una campaña sistemática para su desaparición como identidades étnicas y culturales diferentes.

Regresando al caso de Taiwán, durante las pasadas siete décadas se ha construido una identidad propia; hace que hoy para la gran mayoría de la población que no inmigró en 1950, pero sobre todo las generaciones jóvenes, exista un pueblo taiwanés. A ello se suma que, a partir de 1978 se consolidó un sistema democrático y una de las más grandes economías en el mundo. En 2019 ocupó la posición 22 a escala mundial y la sétima entre las economías asiáticas. Esto convierte a este país en uno de los actores estatales más importantes en el mundo.

Sin embargo, al momento de escribir estas líneas Taipéi mantiene relaciones diplomáticas con 15 Estados; aunque tiene oficinas comerciales y representaciones en 90 países. Es decir, mantiene muchos más contactos no diplomáticos con el mundo que la gran mayoría de miembros de la ONU.

Como lo señaló la mandataria en su discurso en los pasados cuatro años la gestión exterior se caracterizó por una activa cooperación en temas globales, tales como contraterrorismo, asistencia humanitaria y seguridad no tradicional; además de la parte sanitaria, por lo que en noviembre pasado advirtió del inicio de la pandemia del coronavirus en territorio chino. Así resulta una paradoja, la de que los Gobiernos de un gran número de países consideran a Taipéi un interlocutor en prácticamente todas las áreas temáticas y mantienen activas relaciones no-diplomáticas; pero buscan no enojar al “dragón chino”, que amenaza a través de sus embajadores (que cada vez más adquieren la imagen de procónsules, superando la fase de bajo perfil que les caracterizó durante décadas, para lo que basta con mirar la gestión de los embajadores chinos en Centroamérica).

Sin duda las relaciones a través del estrecho, uno de los puntos neurálgicos heredados de la Guerra Fría que aun constituyen potenciales focos de estallido de una confrontación bélica, constituye una preocupación para el mundo. Por eso la presidenta Tsai insistió en la política de “paz, paridad, democracia y diálogo” con Pekín, rechazando el esquema autoritario de “un país, dos sistemas”, que como anoté no fue respetado en Hong Kong, en donde se supone estaría vigente hasta 2047.

Esa tesis pudo haber funcionado mientras China no comenzara a implementar su proyecto hegemónico global, superando la fase propuesta por Deng Xiaoping. Por eso hoy todo hace indicar que a corto plazo las potencias grandes y medianas deben reconocer que Taiwán es un pueblo que, bajo el principio de autodeterminación, tiene el derecho a ser un Estado reconocido mundialmente y a Taipéi parece no quedarle otra vía que la de formalizar una independencia de facto, que disfruta desde la década de 1970.