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Crucitas es una zona con un gran potencial económico, sin embargo, este ha sido desaprovechado por años, mientras que los vecinos de Cutris han tenido que convivir con la minería ilegal, lo que ha ocasionado un deterioro social, económico y ambiental para la comunidad. Uno de los problemas más graves es la exposición a químicos, entre ellos el mercurio, que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia altamente tóxica.

El mismo Colegio de Geólogos de Costa Rica ha instado a las autoridades gubernamentales a legalizar e impulsar la actividad minera en nuestro país, ya que sería una forma de obtener recursos frescos, que podrían servir para enfrentar la difícil situación económica experimentada por el país, ante la emergencia del COVID-19.

Por esta razón presenté el proyecto 22.007 Ley de Minería Crucitas, como una propuesta innovadora, que busca llevar soluciones reales a la zona y de esta manera contribuir a la tan esperada reactivación económica. Pero además hay que destacar que la propuesta prohíbe el uso del mercurio en las actividades mineras que se desarrollen, respetando la normativa ambiental de nuestro país, así como los convenios internacionales tales como el de Basilea y el de Minamata.

Los beneficios económicos que se obtengan se distribuirán entre las municipalidades de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles y Río Cuarto, para el desarrollo de obras de infraestructura, proyectos comunales, culturales, deportivos, recreativos, de prevención y seguridad. Adicionalmente un porcentaje se destinará al fortalecimiento del fondo del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Este proyecto se suma al expediente 21.768 que presenté en enero pasado “Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica”.

Esta es una actividad económica que debería ser catalizadora de desarrollo en el plano económico y social, así contribuyendo en la reducción de la pobreza. Es absurdo pretender sentarse como simples observadores de turno, y ser testigos de cómo el saqueo y destrucción de la zona continúan al amparo del silencio del Gobierno actual.