El Gobierno de la República envió una propuesta de texto sustitutivo al proyecto ley 21.917 que buscaba la eliminación del pago de la anualidad de este año, con el objetivo de dedicar los recursos a la atención de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.

Según señalaron desde el Poder Ejecutivo, la nueva propuesta se presentó para atender una serie de dudas expresadas por los legisladores, incluyendo atrasar la iniciativa, de forma tal que aplique para las anualidad de los próximos 2 años (2021 y 2022).

Así, la nueva versión presentada establece que no se reconocerá ni se pagará el incentivo de anualidad para los años 2021 y 2022, aunque sí se realizará la evaluación de desempeño (requisito para recibir la anualidad) pero solo para efectos de referencia del rendimiento de las personas.

Adicionalmente, el proyecto original excluía a las personas servidoras públicas que laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, y los cuerpos policiales del país, sin embargo, la nueva versión es de aplicación general a todo el sector público.

Dato D+: La eliminación de la anualidad aplicaría a todas las personas que trabajan en la Administración central (Poder Ejecutivo y sus dependencias, todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las dependencias y los órganos auxiliares de estos) así como a la Administración descentralizada (instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades).

Según las estimaciones que presentó el Gobierno, la propuesta generaría ahorros totales al 2022 por ₡67.000 millones de colones, de los cuales ₡44.000 millones provienen del Gobierno Central, y ₡23.000 millones de las instituciones descentralizadas.

La propuesta establece que el ahorro generado en las instituciones descentralizadas pasará a ser parte del el Fondo Nacional de Emergencias de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Por otro lado, según señalaron la ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, y la ministra de trabajo, Gianina Dinarte Romero, en el oficio enviado a la Asamblea Legislativa, los recursos de las instituciones de Gobierno Central se utilizarían para generar espacio presupuestario, para atender la baja en los ingresos que ha provocado el COVID-19.