La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga fue reelecta este martes en el cargo por ocho años más, tras una sola ronda de votación en el Plenario de la Asamblea Legislativa.
Acosta de 61 años de edad obtuvo 43 de los 49 votos emitidos esta mañana, resultado que el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides calificó de "contundente". Los demás votos se repartieron tres para Mauricio Gómez Franceschi, dos nulos y uno para Eric Stell (sic.). Su juramentación tendrá lugar mañana miércoles en la sesión extraordinaria del Congreso.
Con este nuevo periodo de nombramiento, Acosta acumulará 16 años al frente del ente fiscalizador de la Hacienda Pública, a los que se suman ocho años más en los que ejerció el cargo de subcontralora (2004-2012). Antes de ejercer los dos cargos más altos de esa institución, trabajó como líder de proyecto y consultora para GIZ, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Nórdica.
Recientemente Acosta concluyó un nombramiento de tres años como integrante de la Junta Directiva de la Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (IDI).
En 2019, la Contraloría General de la República de Costa Rica ganó un premio por su labor de auditoría gubernamental, otorgado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Se evaluaron aspectos como estructuras de organización, aplicación de nuevas metodologías, resultados positivos por implementación de buenos sistemas de control de ingreso y gasto públicos, entre otros.
Acosta tiene una maestría en Gestión y Finanzas Públicas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, es egresada de la maestría en Administración de la Universidad Panamericana y licenciada en Administración de Negocios graduada de la Universidad de Costa Rica.
La contralora recibió el apoyo mayoritario de los diputados por su gestión de control y fiscalización del cumplimiento, entre otros, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) aprobada a finales del 2018 y por las investigaciones realizadas respecto al "hueco presupuestario" de la administración de Luis Guillermo Solís.
Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional hicieron público su apoyo a la reelección de Acosta en el cargo.
