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COVID-19 en Costa Rica

El Ministerio de Justicia y Paz decidió suspender, de forma temporal, las vistas al Centro de Atención Integral (CAI) Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, como una medida para salvaguardar la integridad de esa población debido a su vulnerabilidad ante la amenaza del COVID-19.

La decisión fue ratificada en horas de la tarde y entró a regir de inmediato. Adicionalmente, se ordenó el cierre a las visitas de un módulo de adultos mayores en el CAI Antonio Bastida de Paz, ubicado en Pérez Zeledón.

Dixiana Alfaro Alvarado, jefa de los servicios de Salud Penitenciaria, señaló que la medida fue tomada debido a la gran cantidad de personas con alta vulnerabilidad por sus enfermedades y edad. La medida busca que al limitar el contacto de la población con el exterior se disminuyan las posibilidades de infección en el centro penitenciario.

Mediante un video, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, informó al resto de la población penitenciaria de que a partir de esta semana, y mientras dure la emergencia, se estarían restringiendo las visitas a una sola persona, y añadió:

Es una medida temporal, es una medida que vamos a tratar de implementar la menor cantidad de tiempo posible, simplemente, durante el tiempo que esta situación de salud nos lo obligue. Quiero que estén tranquilos, estamos preparados para enfrentar cualquier situación, y también quisiera decirles que está abierto el canal de comunicación si ustedes tuvieran sugerencias para mejorar cualquier situación que vean en relación con la atención de este tema sanitario, por favor no dejen de hacerlo saber a las autoridades de su centro penitenciario”.

Según indicó el Ministerio de Salud, todos los centros penitenciarios del país fueron lavados de manera integral y, actualmente, se está cumpliendo con el protocolo de limpieza de lavar las superficies dos veces al día, con especial énfasis en baños y pilas.

Adicionalmente, el Ministerio adoptó que los directores de cada centro valorarán, de manera individual, cualquier petición de actividades no programadas con personas ajenas a la institución. Para cualquier actividad que se realice en los centros con personas externas, se brindarán las recomendaciones respectivas para salvaguardar no solo la salud de las personas voluntarias, sino también la de la población de los centros penitenciarios.

Ante la eventualidad de que un centro penal reciba una orden de aislamiento, el Ministerio señaló que deberán continuarse los servicios de salud, alimentación, la Policía Penitenciaria, la dirección de los centros penitenciarios y sus administradores, el personal de mantenimiento, lavandería y los operadores de equipo móvil, por considerarse esenciales.

Justicia indicó además que, en conjunto con la Caja Costarricense de Salud y el Ministerio de Salud, activaron desde hace varios días el protocolo de prevención en el sistema penitenciario del país, el cual instituyó una sala de situación institucional —liderada por las viceministras de Justicia Viviana Boza Chacón y Diana Posada Solís—que se reúne diariamente para la toma de decisiones.