El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 21.759 denominado "Ley de Fortalecimiento Financiero del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social".
La iniciativa recibió 48 votos a favor y solo 1 en contra, según el registro manual de votos levantado por la secretaria del Directorio Legislativo, Laura Guido. Solo votó en contra el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, mientras que 8 diputados estuvieron ausentes.
Según el texto aprobado, los 12 mil millones de colones que el Estado ahorra por el recorte a las pensiones de lujo se redirigirá al Régimen No Contributivo de la CCSS, para financiar al menos 10 mil pensiones a adultos mayores en pobreza.
Inicialmente el plan pretendía que esos recursos se trasladaran al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), sin embargo, criterios de la Sala Constitucional sostienen que el recorte a las pensiones de lujo debe destinarse a financiar otras pensiones, ya sea dentro del propio régimen donde se recortan, o bien para pensiones de índole social.
El proyecto forma parte del paquete de iniciativas que el Ejecutivo definió como prioritarias para combatir los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 en el país. Ahora solo resta su firma como Ley y publicación en La Gaceta.
Pausa en proyecto para entregar el FCL
Aunque se le aprobó una dispensa de todos sus trámites, el proyecto de ley que propone entregar el Fondo de Capitalización Laboral a aquellas personas que hayan sido sujetas de una reducción de jornada o su contrato de trabajo suspendido a raíz de una emergencia nacional, como la que actualmente se vive, tendrá que esperar para ser aprobado.
Esto por cuanto los bancos estatales no recibieron nada bien la propuesta de consenso de los diputados, de que sean ellos los que corran el gasto de entregar los dineros en caso de que las operadoras de pensiones que administran esos recursos se declaren en iliquidez, a pesar de que la ley dice que dicha operadora devolvería los recursos en un plazo de 6 meses.
Ahora los diputados esperan un criterio del Banco Central de Costa Rica, para determinar si esa institución puede inyectar la liquidez que se necesitaría para cubrir las solicitudes de los afiliados a una operadora que en este momento no tenga en su haber los recursos del FCL para entregar, por haberlos invertido en títulos valores.
Mientras tanto, la ministra de Planificación, Pilar Garrido anunció este jueves en conferencia de prensa que el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto de ley para el retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), por lo que la petición de 42 diputados para que la iniciativa fuera convocada a sesiones extraordinarias probablemente será ignorada.
El Presidente Legislativo, Carlos Ricardo Benavides, dispuso desconvocar la sesión del Plenario de este viernes y en su lugar convocó a sesión el lunes 30 de marzo.
