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COVID-19 en Costa Rica

El bloque de diputados independientes afines al Partido Nueva República propuso a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías establecidas en los artículos 22 y 26 de la Constitución Política, en medio de la emergencia nacional que vive el país a raíz del coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19.

El proyecto de acuerdo legislativo, que ya circula en el Congreso, vendría a aplicar la potestad que tienen los diputados suspender por un plazo máximo de 30 días las garantías constitucionales, según el artículo 121 de la Constitución en su inciso 7.

El artículo 22 de la Constitución Política garantiza el derecho a libre tránsito, mientras que el artículo 26 garantiza la libertad de reunión.

La propuesta dispone que la medida no aplicará para diversos funcionarios públicos y privados, que por sus labores requieren mantener su circulación en el territorio nacional, incluyendo:

  • La Fuerza Pública y todos los cuerpos policiales del estado.
  • Los miembros de los Supremos Poderes, Jueces de la República y su personal de apoyo.
  • Los servidores públicos que el Poder Ejecutivo determine indispensables para atender la emergencia que origina la suspensión.
  • El personal de los servicios públicos y privados de salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Benemérita Cruz Roja Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos, servicio de ambulancias, laboratorios médicos y veterinarios.
  • El personal encargado de los servicios públicos esenciales y estratégicos.
  • Proveedores de productos básicos para supermercados o establecimientos comerciales, industria agroalimentaria y ganadera.
  • Personal bancario y transporte de valores.
  • Servidores públicos de todos los gobiernos locales.
  • Personal indispensable en aduanas, puertos o aeropuertos.
  • Expendedores de combustibles o agua.
  • Personal de hoteles para alojamiento y alimentación de sus huéspedes.

La propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a regular las limitaciones vía reglamento, en un plazo máximo de tres días. Por lo que, aunque la Constitución Política no cuenta con la posibilidad de aplicar un toque de queda en el país, en la práctica la propuesta de los diputados independientes autorizaría al Poder Ejecutivo a establecer medidas de restricción para el tránsito de personas que sería funcionalmente equivalente.

Adicionalmente, la propuesta indica que las sanciones por responsabilidad civil y penal de quienes incumplan con las medidas, deberán ser ordenadas por las autoridades correspondientes, de acuerdo a sus competencias.

Sobre esta propuesta la diputada Carmen Chan, vocera del grupo de diputados independientes, señaló:

Ante el avance evidente y rápido del nivel de contagio por COVID-19 en nuestro país, y en medio de un periodo de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de la República, urgen medidas sanitarias extremas que protejan a la población e impidan el colapso de los servicios de salud. De ahí que, siendo una necesidad pública, proponemos, decretar un toque de queda temporal, hasta por 30 días, para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos costarricenses.

Según establece la Constitución Política, para que la medida sea aprobada requiere el voto afirmativo de, por lo menos, 38 congresistas.