Once diputados del bloque conservador de la Asamblea Legislativa pidieron a los magistrados de la Sala Constitucional, sin éxito, posponer la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica a una fecha en la cual el país estará sumido en la campaña para las elecciones del 2022.

Se trata de Ivonne Acuña, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpizar, Jonathan Prendas y Carmen Chan del bloque independiente; Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu del Partido Republicano; Oscar Cascante de la Unidad Social Cristiana; y Patricia Villegas y Wálter Muñoz de Integración Nacional.

Ellos once presentaron el 19 de febrero un escrito ante la Sala Constitucional, solicitando que se readecuara la fecha a partir de la cual será legal en Costa Rica el matrimonio igualitario, alegando que no debía contarse el periodo de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa, ya que durante ese periodo -según ellos- es imposible que los diputados puedan tomar las acciones necesarias para hacer los cambios legales que pidieron los magistrados.

En el escrito de cinco páginas los congresistas comunican a los magistrados haber presentado un proyecto de ley para regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin llamarlo "matrimonio", y con algunas de las falencias que fueron señaladas en el anteproyecto de ley que impulsaba la Unidad Social Cristiana, incluido el quitarle los hijos a la otra persona en caso de la muerte de quien tuviera legalmente la patria potestad.

Los diputados pidieron readecuar el plazo de los 18 meses, alegando que el Poder Ejecutivo tiene "un interés directo, de tipo político e ideológico, en impedir que la Asamblea Legislativa ejerza su potestad constitucional", dejando pasar la fecha límite que dio la Sala para que así entre a regir el matrimonio igualitario en Costa Rica.

Es evidente que la Asamblea no ha estado en situación de actuar de conformidad con la orden de la Sala durante los periodos de sesiones extraordinarias debido a una causa irresistible, el control de la agenda legislativa que tiene el Poder Ejecutivo durante ellas.

Aunque no dejaron explícita la nueva fecha que querían para que entrara el matrimonio igualitario, Delfino.cr determinó que la misma era el 26 de noviembre del 2021, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales y legislativas del 2022.

El diputado Otto Roberto Vargas del PRSC reconoció que desconocía la fecha específica que estaban pidiendo a la Sala Constitucional, y afirmó que ahora tendrá que analizar el fallo para decidir si sigue apoyando o no las gestiones.

"Coincido con vos, el plazo estaría muy cerca de las elecciones y sin duda podría polarizar esto", agregó.

Similar criterio vertió la diputada Patricia Villegas del PIN, quien dijo que no era consciente de la fecha que estaban solicitando.

"Lo que este documento detalla es el plazo por ser sujetos pasivos, respetando las normas de la Sala Constitucional de que se nos dé un poco más de tiempo. Básicamente cuando se promovió la fecha de los 18 meses, estábamos en noviembre del 2018, entonces estábamos en sesiones extraordinarias, vino el movimiento de las elecciones municipales y nosotros quisiéramos que se nos dé la oportunidad de que estas iniciativas de ley se ventilen en la Asamblea Legislativa y poder tomar una decisión equilibrada entre la ideología del gobierno y lo que nosotros los legisladores también proponemos acá", afirmó.

Solicitud rechazada

La Sala Constitucional rechazó la gestión de los diputados el viernes 28 de febrero, sin embargo, el rechazo fue por una formalidad.

Según el fallo, los 11 diputados no están legitimados para pedir una readecuación del plazo dado al Congreso para adecuar el marco normativo nacional, pues para ello debe adoptarse una resolución en el Plenario que tenga el apoyo de no menos la mitad mas uno de los diputados presentes diputados presentes.

Es decir, los diputados conservadores deberían reunir 29 apoyos (en el supuesto de que asistan 56) para poder pedirle a los magistrados que cambien el plazo.

Silvia Hernández, jefa del PLN, señaló a Delfino.cr que esta no es una discusión que hayan abordado directamente.

"Tendremos que valorar llegado el momento qué es lo que establece el criterio y tenemos que analizar lo que hay ahí para tomar una decisión. Yo no podría adelantar criterio, en el entendido de que hay una resolución que nosotros hemos sido respetuosos que hay que entender y acoger", señaló.

Hernández agregó que el PLN cree que se debe caminar en una ruta en la que la mayoría de temas que a nivel país se discutan, no generen o polaricen muchísimo más a una población que a todas luces lo que está pidiendo es confianza en sus instituciones, confianza en sus actores y representantes políticos, y donde la mayoría de temas, se vean para dar soluciones a los temas más apremiantes.

"Hoy son oportunidades de empleo, mejorar climas de atracción de inversión y todo aquello que le permita quitar presión al bolsillo de los costarricenses en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo", dijo.

Por su parte, la subjefa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez declaró que ellos no quieren participar en aumentar la polarización en el país, ya que ha costado mucho entablar un trabajo serio en la Asamblea Legislativa, posterior a las elecciones nacionales.

Sin embargo, dijo que tendrán que valorar a nivel de fracción si suman sus apoyos a una eventual moción o resolución del Plenario que pida a la Sala IV cambiar la fecha.

El diputado José María Villalta del Frente Amplio afirmó que lo planteado por los diputados conservadores es una actuación de mala fe, ya que por un lado bloquean cualquier avance en la legislación y después le van a decir a la Sala que no ha habido tiempo para conocer los proyectos de ley.

"Durante mucho tiempo, el proyecto de matrimonio igualitario estuvo convocado e igual, no se movió pero ni un ápice, producto del bloqueo sistemático que han hecho estos diputados, entonces me parece que es evidente la maniobra fraudulenta donde ellos por un lado bloquean y después van a reclamar que el proyecto no ha avanzado", afirmó Villalta.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zoila Volio, calificó de lamentable lo hecho por esos 11 diputados e insistió en que este es un tema superado.

"Ya es claro y contundente que el matrimonio entra en vigencia en mayo y yo no entiendo por qué este afán de no querer superarlo y de querer seguir entorpeciendo el día a día de nuestro quehacer. Lo que no quisiera pensar es que quieran tirar esta problemática nuevamente en la época de campaña y volver a causar una polarización", afirmó la diputada.

Volio hizo un llamado a sus compañeros a que paren el tema de una vez. "Para mí esto es puro populismo, simplemente para seguir manteniendo la división que estamos teniendo, en momentos tan críticos en los que deberíamos estar trabajando en proyectos clave. Esto ya no tiene ni por qué discutirse", dijo.