La Defensoría de los Habitantes elevó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un nuevo informe sobre la situación que se vive en territorio indígena costarricense y en él aseguró que los espacios generados hasta ahora por parte del Gobierno de la República "no han sido suficientes ni eficaces en lograr resultados concretos".

El informe se envió justo un día después de que se reportara el homicidio del líder indígena Jehry Rivera Rivera en el territorio de Brörán de Térraba, al sur de Puntarenas razón por la cual la Defensoría condenó el asesinato de este dirigente.

En el documento, el ente defensor hizo "un llamado al Estado a liderar de manera inmediata y efectiva acciones que permitan atender el conflicto por tierras" y exhortó a las autoridades a tomar "todas las medidas necesarias que permitan dar con los responsables de este lamentable hecho".

El documento fue remitido a Paulo Abräo, secretario ejecutivo de la CIDH, y presenta un estado de la situación general que se vive en los pueblos indígenas de Salitre y Térraba, a raíz de verificar la efectiva implementación de la medida cautelar dictada casi cinco años atrás por dicha Comisión.

Entre los aspectos que señaló el ente defensor, destaca la consecuencia que, señalan, ha devenido del reciente cambio en el mando del Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio de la Presidencia, que ha dejado al tema con un nuevo mando, en un periodo crítico para la zona:

Dado que esa instancia (el Viceministerio) estaba designada para coordinar las acciones para la implementación de la medida, los pueblos indígenas reciben un nuevo interlocutor gubernamental quien, a estas alturas, deberá empezar a conocer la situación, y lo más importante, a generar condiciones de confianza con los pueblos indígenas".

Recordemos que semanas atrás, el exviceministro de este despacho Juan Gerardo Alfaro López, pasó a fungir en el viceministerio de Ingresos del Ministerio de Hacienda, tras los cambios que se registraron en esa institución en los últimos días. El puesto fue asumido por Randall Otárola Madrigal, quien empezó funciones este mes de febrero.

Por otro lado, la Defensoría señaló que el tema de desalojos y recuperación de tierras por parte del Estado, tampoco ha avanzado mayor cosa:

En junio del 2019, el Gobierno anuncio que había realizado dos desalojos, sin embargo, lo que hizo fue poner en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre dos fincas que habían sido recuperadas previamente por personas indígenas, con sus propios medios y riesgo personal. Desde ese entonces no se ha ejecutado (ni administrativa ni judicialmente) ningún otro desalojo, ni resuelto proceso agrario pendiente, en detrimento de la confianza y credibilidad en estas vías que deben de ser las utilizadas por excelencia para garantizar el respeto de los derechos de todas las partes".

Además, el ente defensor señaló que las otras medidas para atender la situación estructural, como el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI) "han tenido una muy lenta implementación, es una medida general para todos los territorios, sin que se haya establecido una priorización de los territorios beneficiados de la medida para detener las situaciones de violencia", al tiempo que el ente agregó que dicho plan ha sido criticado por "no responder con claridad a las condiciones y particularidades de los pueblos indígenas".

La Defensoría cerró su comunicación de este martes, señalando que la situación en los pueblos indígenas es crítica y que por eso se hace imposible quitar el ojo de la situación en la zona:

En Salitre y en Térraba persiste un ambiente de inseguridad, donde personas indígenas de ambos territorios han denunciado amenazas en su contra. Anoche (este lunes) se agravó la situación con el asesinato del dirigente indígena Rivera, durante un proceso de recuperación de tierras. Al igual que Sergio Rojas Ortiz,  Rivera formó parte de la Mesa de Diálogo del Sur entre dirigentes indígenas y autoridades gubernamentales. La cara visible del Estado en esas zonas sigue siendo la Fuerza Pública quienes con limitados recursos realizan lo que está a su alcance desde esas condiciones, pero no son acciones suficientes".