Recientemente informaba (de forma atinada) don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que el crecimiento económico es insuficiente para reducir el desempleo — el cual rondó el 11,4% en el último trimestre del 2019— significativamente. Dicho desempleo es el reflejo de la menor inversión y dinamismo económico, lo cual también repercute en el déficit fiscal: entre menor dinamismo económico, menor recaudación de impuestos.
Dice don Rodrigo, sin equivocarse, que el país urge de soluciones a problemas estructurales, donde no solo debe importar reactivar la economía, sino tomar medidas que faciliten la contratación de trabajadores, pasando desde el teletrabajo hasta la muy urgente flexibilización de las cuotas obrero-patronales a la Seguridad Social, más altas que el promedio de la OCDE.
Pero también, para hablar de crecimiento económico, necesitamos hablar de seguridad jurídica como elemento esencial del Estado de Derecho. Para el inversionista, la seguridad jurídica es un elemento indispensable en la valoración de riesgos, fundamentalmente en cuanto a las cargas tributarias. Nadie quiere invertir en un lugar donde la presión fiscal sea tan alta que haga nugatorio el rendimiento, pero tampoco en un lugar donde no se tiene certeza de cuales serán sus deberes tributarios.
Por ello, es necesario que la Dirección General de Tributación coadyuve en la atracción de inversión y generación de riqueza, además de ser el brazo recaudador de impuestos. Sin bien debemos reconocer un esfuerzo muy grande por mejorar la recaudación y el cumplimiento, como lo es la implementación de la factura electrónica, se han venido presentando casos bastante preocupantes, donde criterios erráticos del fisco han sido cuestionados a tal punto de tener que corregirse una vez hechos públicos.
Dicha situación afecta gravemente el clima de negocios. Por ejemplo, a menos de un mes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal más importante de los últimos 40 años, no existían los reglamentos a la leyes correspondientes, siendo que, al ser publicados, no eran claros, como por ejemplo en el caso de los arrendamientos, donde imperó una incertidumbre generalizada aún en setiembre pasado. Recientemente lo vimos reflejado en criterios respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dietas de Junta Directiva, transferencias Sinpe o en cuanto a la exoneración de los servicios de educación privada.
Y sigue sucediendo en el caso del IVA en el combustible, donde todas las partes involucradas se encuentran en absoluta indefensión de cual es la situación actual, que se resolvería si se integraran las normas y se entendiera que el combustible y toda su cadena hasta el consumidor final, se encuentra integrada y sujeta exclusivamente al impuesto único del combustible, el cual representa más del 40% de su costo.
Si bien la tarea no ha sido sencilla, al existir una técnica legislativa bastante deficiente a la hora de crear leyes, no puede ser esto usado en contra de la ciudadanía, pero, sobre todo, jugar en contra del crecimiento de la economía nacional.
El mejor aliado del fisco es el sector privado, que genera la riqueza sobre la cual el Estado toma su parte para sostenerse, por lo cual, la mejor reforma fiscal y estrategia de recaudación es un fuerte dinamismo económico y la seguridad que las reglas están claras. Cuanto mejor sea la reputación de un Estado en cuanto a la aplicación de los conceptos de seguridad jurídica, mayor será la inversión extranjera. Y a mayor seguridad jurídica y libertad del individuo, mayor democracia.
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