Costa Rica mejoró cuatro posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 presentado este lunes por Transparencia Internacional, y cuya coordinación en el país está a cargo de la Asociación Costa Rica Íntegra.

Aunque mantuvo los 56 puntos de 100 posibles que registró en la medición previa, Costa Rica avanzó hasta el puesto 44 de las 180 naciones incluidas, debido al deterioro que experimentaron otros países. Esto quiere decir que el país está estancado.

En relación con América Latina y el Caribe, Costa Rica ocupa la sexta posición, detrás de Uruguay —que con 71 puntos ocupa el puesto 21 a nivel mundial— Chile (67), Bahamas (64), Barbados (62), San Vicente y las Granadinas (59).

Dato D+: En 2018 el país tuvo una caída de 3 puntos y 10 posiciones en el ranking, siendo que en 2017 se ocupaba la posición 38.

El estudio contempla 180 países y determina su nivel de corrupción en el sector público (consultando a expertos en la materia) utilizando una escala de 1 a 100, donde a mayor nota menos corrupción. A nivel global dos de cada tres países tienen una calificación por debajo de 50, y el promedio en esta ocasión fue de 43.

El ranking lo lidera Dinamarca (87), Nueva Zelanda (87) y Finlandia (86), mientras que en los últimos lugares se ubica Siria (13), Sudán del Sur (12) y Somalía (9).

Durante la presentación del informe, el presidente de Costa Rica Íntegra, Andrés Araya Montezuma señaló:

Nos hemos estancado en una mala posición, no es que estamos por decir en 70, 80 y nos estancamos. No, nos hemos estancado precisamente en 56, y eso debe ser un llamado sobre qué debemos hacer

Araya destacó que el informe recomienda medidas para mejorar: regular el lobby (cabildeo), evitar tratos preferenciales, empoderar la ciudadanía, fortalecer los controles, regular el conflicto de interés, controlar el financiamiento de los partidos y fortalecer la integridad electoral. Araya, además, señaló:

Los datos del 2019 obligan a reiterar el llamado que hemos venido realizando desde hace un quinquenio a las instituciones fundamentales del Estado, al sector privado, a la sociedad civil organizada en sus diferentes expresiones asociativas y a la comunidad internacional, a integrar y alinear esfuerzos dentro de una estrategia o política nacional de transparencia, anticorrupción y probidad, que defina en el corto, mediano y largo plazo las acciones normativas, políticas, institucionales, procedimentales y culturales para realizar una lucha frontal país contra la corrupción y contra los daños a la gobernanza democrática.

Desde Costa Rica Íntegra señalaron que las causas del estancamiento pueden ser varias, sin embargo, lo adjudican a la falta de continuidad en las iniciativas para mejorar la transparencia que eran parte del Plan Nacional de Desarrollo de la pasada administración, a las que no se les dio continuidad en el actual Gobierno.