El Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre emitió este miércoles un comunicado en el que reclamó, una vez más, que el Estado costarricense "no ha cumplido con su deber de entregar las tierras a los pueblos originarios" ni ha actuado con la celeridad necesaria para condenar a los culpables de la muerte del líder bribri, Sergio Rojas Ortiz.
El comunicado señala que:
Los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, incluyendo al territorio bribri de Salitre, se encuentran ocupados por personas no indígenas, que no cuentan con títulos legales para ello y contrariando la legislación nacional e internacional, que establece que los territorios indígenas pertenecen y solo pueden ser habitados en forma exclusiva por los pueblos originarios respectivos; por lo que toda ocupación de estas tierras por personas no pertenecientes a estos pueblos es absolutamente ilegal".
Además, y en referencia a la muerte de Sergio Rojas, la representación indígena señaló que:
Desde el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre exigimos que se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero bribri Sergio Rojas Ortiz y se apliquen las sanciones respectivas. Reafirmamos que el Estado costarricense es responsable de esta ejecución extrajudicial por omisión; este vil asesinato ocurrió el 18 de marzo de 2019 y hasta el día de hoy se mantiene impune".
Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en horas de la noche, tras recibir 15 disparos en su casa de habitación en el pueblo indígena de Salitre.
Rojas era uno de los líderes Bribri que luchaba por la recuperación de los territorios indígenas en la zona, un conflicto muy complejo que lleva varios años de estar escalando la violencia. De hecho, horas antes de ser asesinado Rojas, este había acompañado a miembros de la comunidad indígena a denunciar ante la Fiscalía la intimidación con armas de fuego por parte de usurpadores de las tierras de la zona.
Recordemos que este conflicto no es una cosa nueva ni nada sencilla de manejar. La Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3, establece que los territorios de estas reservas "son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan" y que "los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas".
Sin embargo, durante años dichas tierras han sido ocupadas por personas no indígenas que se hicieron de las tierras de diversas formas, ya sea poseyéndolas a la fuerza o comprándolas a pesar de que esto sea ilegal. Esto ha generado, principalmente después de que los pueblos indígenas decidiesen unirse para recuperar sus territorios, un escalamiento en la violencia en la zona cuya cúspide mediática fue la muerte de Rojas.
Por ello, desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares que ordenaban que el Gobierno de Costa Rica tomara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los pobladores indígenas de los pueblos Bribri y Teribe en Salitre, debido a las constantes invasiones de las personas no indígenas en sus tierras.
De hecho, en mayo pasado, y luego del asesinato de Rojas, una delegación de la CIDH llegó a Costa Rica para realizar una labor de supervisión al cumplimiento de las medidas que fueron emitidas por ese organismo.
Aún así, y aunque el Gobierno ha tenido la soga al cuello con este tema, los pueblos siguen reclamando inacción y conflicto en estos territorios de la Zona Sur.
El reclamo de este miércoles se presenta justo después de que el Viceministro de Seguridad, Eduardo Solano Solano, informase que esta semana se realizaron intervenciones para garantizar la posesión en fincas en Salitre en manos indígenas. Solano reportó que el día de ayer se realizaron dos nuevos controles en una gira en la zona y que el Gobierno ha ido cumpliendo con los expedientes de desalojos administrativos en este sector pues "ya ejecutamos todos los que no tenían alguna medida cautelar".
Sin embargo esto no es suficiente, pues en el comunicado los miembros del Concejo solicitaron:
- Que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz no quede impune y se aplique la ley a los autores intelectuales y materiales.
- Que el Estado costarricense desarrolle e implemente las medidas cautelares 321-12 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Que se realice una investigación del actuar de todas las instancias y personal judicial y policial del cantón de Buenos Aires con respecto a su actuar frente a los pueblos originarios para determinar las posibles responsabilidades y sanciones administrativas o judiciales.
- Que el Poder Ejecutivo ejecute los 6 desalojos ya emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio de Salitre.
- Que el estado costarricense cumpla con el Protocolo de Seguridad suscrito con el pueblo Bribri de Salitre desde el 2017.
El Concejo no se guardó nada cuando reclamó que consideran que, debido a la inacción sobre el asunto, "el Estado costarricense es responsable de la sistemática violencia y violación de los derechos humanos que sufre el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios y hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones para que el asesinato de Sergio no quede impune, cese la violencia contra estos pueblos y se garantice la seguridad e integridad humana y territorial de los mismos. A pesar de la ocupación y usurpación de los territorios indígenas, diferentes administraciones del Estado costarricense no han cumplido con su obligación de desalojar a los poseedores ilegales".
La problemática de los pueblos indígenas no es nueva ni es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, pero como la violencia en la zona continúa y la tensión no baja, es necesario que nos mantengamos atentos tanto a lo que pase en el sector, como a en las medidas que este Gobierno y los venideros tomen, para garantizar la paz en la zona. Los mantendremos informados.
