El Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia expulsaron mutuamente a los representantes diplomáticos del otro como parte de la escalada de tensiones entre ambos países, luego de un confuso incidente en la embajada de México ubicada en el país sudamericano.
En total, Bolivia declaró non gratos y por ende ordenó su salida del país a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero; al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández; seis policías españoles involucrados en el incidente; y a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado.
Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia. "La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar.
-Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia.
Como acto de reciprocidad por lo que calificó como "un acto hostil", España procedió a expulsar del país al encargado de Negocios de Bolivia, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y el agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles.
¿Qué ocurrió?
El viernes 27 de diciembre un confuso incidente en las afueras de la Embajada de México en Bolivia desencadenó un problema diplomático entre ambas naciones que ahora abarca también a España.
De acuerdo con agencias internacionales de noticias, la encargada de negocios española, Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández acudieron a la Embajada de México en Bolivia por invitación de la diplomática mexicana María Teresa Mercado. El viaje fue escoltado por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía de España (especializado en operaciones de alto riesgo).
Cuando la visita terminó y los efectivos del GEO se dispusieron a retirar a los diplomáticos españoles, policías bolivianos les bloquearon el paso al tiempo que un grupo de civiles empezó a insultar, golpear y empujar los vehículos diplomáticos españoles.
Bolivia acusó a España de querer sacar clandestinamente de la embajada mexicana a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados, incluido el exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien está acusado de terrorismo y sedición.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles en la que protestaba "enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo boliviano"; mientras que el ministro de Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, denunció "la existencia de un plan internacional para desestabilizar" a su gobierno.
En España el gobierno no tenía ni idea de lo que había ocurrido ni de qué trataban las acusaciones del gobierno de Bolivia, por lo que dispuso abrir una investigación al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra al afirmar que la presencia de sus diplomáticos en la embajada mexicana había sido por invitación.
De acuerdo con fuentes gubernamentales del diario El País de España, lo ocurrido es una sobreactuación del gobierno de Jenine Áñez, quien pretende envolverse en la bandera nacionalista inventando un incidente con tintes de "colonialismo español".
