Un informe de la Contraloría General de la República encontró que entre el 2015 y el 2018 el Gobierno solo ha ejecutado, en promedio, el 51% de los recursos recaudados por los impuestos de salida terrestre, y al tercer trimestre del presente año solo se había ejecutado un 11,2%, y solo un 31,0% del presupuesto se encuentra comprometido.
La Ley 9154, aprobada en 2013, estableció que los impuestos de salida de personas ($5 por persona) y de exportación de mercancías ($25 por cada Declaración única Aduanera, DUA) , ambos por vía terrestre, se utilizarían para contribuir con el desarrollo, operación, conservación y ampliación de los Puestos Fronterizos Terrestres del país (50% de los recursos recaudados), así como en el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos del país, los cuales presentan altos niveles de pobreza y bajo desarrollo social (el otro 50% de lo recaudado)— .
En total, desde la promulgación de la ley hasta setiembre de este año, estos impuestos habían generado una recaudación de ₡22.993 millones, que han sido subutilizados.
¿Cuántas personas y mercancía se mueve por cada puesto fronterizo terrestre?
Actualmente, el país cuenta con 5 puestos fronterizos terrestres:
- Peñas Blancas en la Cruz de Guanacaste
- Las Tablillas, en Los Chiles de Alajuela.
- San Marcos de Sabalito, en Coto Brus de Puntarenas.
- Paso Canoas, en Corredores de Puntarenas.
- Sixaola, en Talamanca de Limón.
Esas cinco municipalidades, son las que reciben la mitad de los recursos recaudados por los dos impuestos, de manera proporcional al tránsito de personas y mercancías que pasan por cada uno. El puesto que tiene mayor tránsito es el de Peñas Blancas, por donde pasan el 68,5% de las personas y el 75% de las mercancías que salen por vía terrestre.
Fuente: CGR, informe DFOE-SAF-IF-00011-2019
Dato D+: el DUA es la Declaración realizada mediante transmisión electrónica de datos, a través de la cual el interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá aplicarse a las mercancías, y mediante la cual suministra la información requerida para la aplicación del régimen solicitado.
Del total recaudado ₡12.775 millones corresponden al Impuesto de salida de personas por vía terrestre (56%) y ¢10.218 millones al Impuesto a las exportaciones terrestres (44%). Para obtener esos resultados, la auditoría midió la eficiencia en el uso y ejecución de los recursos recaudados entre julio 2013 y setiembre del 2019.
Ya en 2014 la Contraloría había señalado la necesidad de mejorar la recaudación en los puestos fronterizos y el uso que se le daba a estos impuestos, sin embargo, según los hallazgos de la última auditoría los recursos recaudados no habían sido invertidos adecuadamente en la mejora de los puestos fronterizos y aunque el informe señala que se han observado avances, todavía continúan deficiencias básicas que habían sido señaladas en aquel momento.
La auditoría valoró el uso que se le dio a los recursos en el período entre julio de 2013 y setiembre de 2019. Además, en visitas de campo realizadas en setiembre de este año pudo comprobar que los cinco puestos fronterizos terrestres del país tienen deficiencias básicas en infraestructura física y equipamiento, que van desde goteras en los edificios (como en Peñas Blancas y Paso Canoas) hasta que los funcionarios tengan sus oficinas en contenedores provisionales (como en Sabalito y Sixaola).
Adicionalmente, se había establecido que las personas contribuyentes deberían pagar el impuesto de salida previamente, en dispositivos electrónicos habilitados en los puestos fronterizos o en las sucursales del Banco de Costa Rica. Sin embargo, se encontró deficiencia en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de los distintos puestos fronterizos y solo se encontraban en funcionamientos los de los puestos de Tablillas y Peñas Blancas.
La auditoría, además, identificó que las personas que acuden a un corresponsal no bancario —con convenio con el BCR para la recaudación del tributo— para realizar el pago del impuesto de salida terrestre, reciben un cargo adicional no autorizado de entre $1 y $3. Esta situación fue hallada por la Contraloría en 19 de 20 de los corresponsales no bancarios principales que recaudan este impuesto. En total la auditoría estimó que entre agosto del 2013 y agosto del 2019 este cobro adicional representa, por lo menos, un total de $739.746.
Por estos motivos, el informe de la Contraloría concluye, que estás situaciones “inciden en la facilitación del comercio, el tránsito de personas y mercancías; y afectan la competitividad del país en materia de infraestructura fronteriza terrestre”.
Según el informe, el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac), órgano adscrito al Ministerio de Comercio Exterior que tiene la obligación de realizar los presupuestos para cumplir con las Ley 9154, señaló como motivos de la baja ejecución:
- No se presupuestan recursos en grandes obras de infraestructura porque apenas se está iniciando con el proceso de implementación del Programa de Integración Fronteriza (PIF).
- Inconvenientes con los trámites y plazos para realizar modificaciones presupuestarias.
- La restricción para la creación de plazas por servicios especiales que permiten mejorar el servicio que las instituciones brindan en los principales puestos fronterizos terrestres.
- Las situaciones propias de los procesos de contratación pública.
- La programación financiera que realizan los ministerios y sus órganos adscritos.
- Las limitaciones en la implementación de otros mecanismos de ejecución, como la posibilidad de crear un fideicomiso operativo que apoye a las instituciones en la ejecución de proyectos y compras públicas.
