La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron todos los edificios josefinos del Ministerio de Educación Pública (MEP), la mañana de este lunes.

Las oficinas allanadas son las de la sede de Plaza Rofas al final del Paseo Colón y donde se ubican las oficinas centrales y el despacho ministerial; las del edificio Raventós en San José centro; y las de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).

Estos allanamientos forman parte de una investigación que están realizando en este momentos las autoridades judiciales, respecto a la presunta compra irregular, por parte de la DIEE, de dos terrenos que tenían como fin la construcción de nuevas escuelas pero que al final no pudieron utilizarse por impedimentos legales.

Se trata de dos propiedades, una ubicada en Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago, y otra en Copey de Dota (valoradas en ¢39 millones la primera y en ¢255 millones la segunda, según informó La Nación) que habrían sido adquiridas por esta Dirección del MEP, sin tomar en consideración que las dos tienen nacientes de agua que están protegidas por ley, por lo cual el área de construcción de las nuevas escuelas quedaba limitada a dicha protección.

Recordemos, sin embargo, que el fuego en la DIEE no es cosa nueva: desde inicios de año la Dirección ha sido duramente criticada, debido a la mala ejecución de los recursos mientras decenas de centros educativos a lo largo y ancho del país se encuentran en malas condiciones.

De hecho, en marzo de este año La Nación dio a conocer que todos los atrasos en la construcción de infraestructura que mantiene el Ministerio en varios centros educativos del país, se deben a conflictos internos entre los departamentos de la DIEE que generan que abunden los casos donde existe la necesidad y se cuenta con el dinero, pero no con la voluntad de los mandos medios de que las cosas se hagan.

Este caos interno es precisamente, el que provocó que la entonces directora de este despacho, Andrea Obando Torres, presentase su renuncia el mes de junio anterior.

MEP pide ampliar investigación

Poco antes de las 11 de la mañana, el departamento de prensa del MEP emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que: "con motivo de denuncias interpuestas por supuestas irregularidades con la compra de dos terrenos para la construcción de centros educativos, el Despacho Ministerial y la asesoría jurídica se pusieron a las órdenes de la investigación".

La institución además agregó que las acciones cuestionadas habían sido remitidas para consulta a la Auditoría Interna por parte de la misma Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro quien el mes pasado remitió a la Auditoría Institucional el oficio DMS-1439-2019, solicitando la investigación de la compra de los dos terrenos cuestionados.

En el oficio, la ministra señaló "la necesidad de investigar todo aquello que cause daño a la comunidad educativa y el erario público, dado que pueden existir otras situaciones similares".

Por ello, el despacho pidió que se considere la posibilidad de programar una investigación más amplia, que permita determinar si existen anomalías similares en otras adquisiciones en un periodo de cinco años.

Allanamientos en Heredia

Los allanamientos en las sedes del MEP empezaron el viernes anterior en las oficinas de la Dirección Regional del MEP en Heredia, en una jornada en la que además se llevaron acabo pesquisas en la Junta de Educación de la Escuela de Capacitación Obrera, en la misma provincia, así como en varias viviendas.

Según informó el diario La Nación el fin de semana pasado, la causa de estas pesquisas se tramita bajo el expediente 19-000933-0369-PE, que tiene a seis personas de apellidos Víquez Portuguez, Vásquez Carvajal, Trigueros Chaves, Gutiérrez Vargas, Bermúdez Ramírez y Zárate Bogante, figurando como sospechosas de los presuntos delitos de malversación de fondos y peculado.

Al respecto, el Ministerio Público le detalló al diario tibaseño que la investigación comenzó hace unos meses, "luego de que la nueva dirección de la Junta Directiva de la Escuela de Capacitación señaló que habría existido un posible desvío de fondo públicos".