Desde el año 2016, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no realiza un diagnóstico integral y sistemático de la situación de salud para determinar los problemas y necesidades de la población, y con esa información definir la prestación de servicios necesaria para atender las zonas prioritarias de riesgo identificadas.
Así lo reveló un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) hecho público este lunes, en el cual además se señala que la CCSS está realizando análisis aislados con base en diversas fuentes de información, algunas de las cuales están desactualizadas.
Por ejemplo, la auditoría señala que la Caja ahora emplea el Análisis de Situación de la Salud (ASIS) del Ministerio de Salud, sin embargo, dicha plataforma presenta debilidades y no permite identificar los mayores riesgos para la salud según los factores condicionantes asociados, ni establecer las prioridades de atención, proponer los servicios requeridos e identificar los recursos necesarios (entre éstos infraestructura).
La Contraloría también encontró que la Caja ni siquiera tiene información actualizada y completa sobre los servicios, recursos humanos y equipos que caracterizan a cada tipo de establecimiento de salud existente en la Red, según el modelo de atención en práctica.
Dado que carece de esa información, la Caja utiliza una serie de insumos para identificar la complejidad de esos centros, que presentan debilidades importantes como desactualización, obsolescencia, o información de carácter muy general que no considera el tamaño del establecimiento ni su naturaleza pública o privada.
La Caja tampoco usa insumos propios, como los Grupos Relacionados de Diagnóstico y los subprocesos de servicios en especialidades médicas y de apoyo, que a criterio de la Contraloría serían útiles para ese fin, si estuvieran respectivamente actualizados y desarrollados a nivel de procedimientos por tipo de servicio, componente de prestación, tipo de establecimiento y nivel de atención.
La auditoría encontró que en el 2012 la elaboración de los perfiles de complejidad se suspendió, pues se afirmó que eran innecesarios dado que se estaba desarrollando un nuevo modelo de atención con intervenciones en salud. No obstante, el modelo finalmente aprobado por Junta Directiva no incluyó intervenciones, pues se consideró que éstas debían ser definidas después, a partir de una discusión de alto nivel que nunca se efectuó, y también por su difícil manejo.
También se determinó que los perfiles de complejidad que respondieran a ese nuevo modelo de atención tampoco se elaboraron, pues no se definieron las competencias de los Servicios (especialidades y subespecialidades) por componente de prestación, tipo de establecimiento y nivel de atención, a pesar de requerirse esa información, entre otras cosas, para diferenciar, comparar y clasificar los establecimientos de salud del país en concordancia con lo concebido en el nuevo modelo, establecer vías de referencia y contra referencia para brindar a los pacientes una atención integral y progresiva, identificar brechas e inequidades en la oferta de servicios, distribuir recursos, planificar el desarrollo de la prestación de servicios y el de la infraestructura de apoyo de acuerdo con esos estándares.
Según el diagnóstico hecho, la Contraloría concluyó que la Caja podría no estar asignando los recursos en materia de salud en las zonas de mayor riesgo, con lo cual podría estarse fomentando la inequidad en la atención y el uso ineficiente de esos recursos, y por ende, afectándose la calidad del servicio.
Además, podrían desarrollarse proyectos de infraestructura en salud que no son los que el país requiere, y afectarse la oportunidad con que se atienden las necesidades de la población, dado que para cada proyecto se deben investigar los procedimientos que se ejecutarán, y el recurso humano y equipamiento requeridos para ello, sin más referencia que las indicaciones del prestatario final, lo que aumenta el riesgo de retardar y encarecer los proyectos, y de acentuar la inequidad existente entre los establecimientos de salud.
Debido a los resultados de la auditoría, la Contraloría ordenó al Ministerio de Salud que defina e implemente acciones específicas para complementar la metodología vigente para el análisis de la situación de salud (ASIS); mientras que a la CCSS le ordenó ajustar la metodología para determinar necesidades de prestación de servicios de salud, de modo que, entre otras cosas, identifique zonas prioritarias de riesgo por atender y los servicios de salud requeridos, incorpore métodos de agregación datos entre niveles (local, regional y nacional), e indique cómo documentar los resultados y toma de decisiones sobre la planificación de los servicios de salud y la infraestructura de apoyo.
También se ordenó desarrollar los perfiles de complejidad de los establecimientos existentes en la Red, según el modelo de atención actualmente en ejercicio
