El avance en las causas que enfrenta la exfiscala general subrogante, Berenice Smith Bonilla, ha devuelto su nombre a la palestra en los últimos días. Primero saltó a la luz el caso de su solicitud de jubilación que ya tiene enredado hasta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; mientras que por otra parte, la causa que enfrenta en la vía penal y en conjunto con el alcalde de San José, Johnny Araya Monge y con el exmagistrado, Celso Gamboa Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias, está a las puertas de entrar a juicio.

Hagamos recuento: el nombre de Berenice Smith se hizo lamentablemente célebre cuando, en mayo de 2017, ejerció como Fiscala General en funciones (puesto que el entonces titular del cargo, Jorge Chavarría Guzmán, estaba fuera del país) y firmó la solicitud de desestimación a la causa por tráfico de influencias que el Ministerio Público seguía contra de los entonces diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, por las causas que pesaron en contra de ambos, referentes al cementazo. Esta recomendación fue la que posteriormente se utilizó para desestimar el caso en contra de ambos en la Sala III (tribunal que era el encargado de llevar acabo el juicio por ser los dos miembros de los Supremos Poderes de la República).

Según alegó Smith en ese momento, la desestimación se debió a que no se pudo demostrar la posible relación delictiva que se había denunciado en contra los exlegisladores. Smith incluso incluyó en la solicitud de desestimación, enviada a la Sala Tercera, que de acuerdo con un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no había contactos telefónicos entre los diputados y Juan Carlos Bolaños Rojas, de la empresa Sinocem.

Sin embargo, y según denunció en su momento el director del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, ese argumento era falso pues como demostraron los informes elaborados por el OIJ, había suficiente prueba de contactos telefónicos entre los diputados y Juan Carlos Bolaños Rojas, de la empresa Sinocem, como para no solicitar la desestimación del caso.

Por ello, tras el escándalo y tras los señalamientos en su contra devenidos por la solicitud de desestimación, Smith renunció a su puesto como fiscala general subrogante el 11 de octubre del año 2017, y posteriormente se le abrió un proceso administrativo que fue el que llevó que se le suspendiera sin goce de salario durante dos meses en 2018.

Es en este 2019, cuando su nombre retoma ardor y las chispas empapan también a la cúpula del Poder Judicial. Este año la exfuncionaria presentó una solicitud de jubilación en la que pedía que se le reconocieran seis años de labor que realizó en Guatemala, a fin de cumplir con los años que se requieren para pensionarse.

La decisión favorable del Consejo Superior respecto a este tema, ahora es la que está en la mira de todo el mundo, incluida la Fiscalía General de la República. Dicha decisión se tomó el 26 de setiembre, a pesar de que el órgano ya había rechazado dos solicitudes previas de este mismo tema (una en 2015 y otra en 2017).

Sin embargo, como se acusa al voto del presidente de la Corte de ser el factor decisivo en esta tercera votación, el tema ha tomado fuerza. Según las denuncias interpuestas, ese 26 de setiembre la votación habría estado empatada y habría sido el voto doble de Cruz (que tiene esa potestad para romper empates por ocupar la Presidencia) el que habría marcado el camino a favor de la exfiscala.

Por ello, y a raíz de una petición de la exfuncionaria judicial Guiselle Rivera, la Fiscalía General arrancó a mediados de noviembre pasado una investigación y también por ello, a inicios de esta semana, la jerarca de esa institución, Emilia Navas Aparicio, pidió al Consejo Superior que suspendiera la aprobación de la jubilación, como medida cautelar mientras se investiga si el presidente de la Corte tuvo relación o no, con la aprobación de dicho beneficio.

Este tema ya había sido llevado a la luz pública cuando el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz Fonseca, arremetió contra el Poder Judicial y en aquel momento, si bien sus razones no fueron las más bien fundamentadas del mundo, sí que dejaron la bola picando sobre el tema.

En respuesta a las acusaciones del legislador, Fernando Cruz aseguró que no es verdad que él utilizara su doble voto para resolver la pensión de Smith, pues señaló que cuando empleó esa medida se estaba definiendo otro trámite. Sin embargo, parece que esa afirmación no bastó para calmar el interés de la Fiscalía, que sigue indagando y haciendo solicitudes sobre el tema. Ahora entonces, lo que queda es esperar cuál será la decisión del Consejo Superior al respecto.

Lo que sí se nos adelantó esta semana, fue que la de la Corte Suprema de Justicia, según informó CRhoy, rechazó realizar una investigación disciplinaria contra el Consejo Superior por la decisión de reconocerle a Smith esos años cuestionados. Dicha votación, que no fue pública, se resolvió con 18 votos a favor y 1 en contra, determinando el rechazo a cualquier investigación sobre la decisión aprobada.

Con este panorama y el permiso de reconocimiento en firme, Smith ya presentó a la Corte su solicitud formal de jubilación, mientras alrededor todo el mundo arde. Ahora solo queda que la aún funcionaria pague los ₡46.963.832,65 que el Consejo Superior le pidió que reintegre al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Una vez hecho ese pago, entonces Smith ya podría irse en paz... a menos que las acusaciones en su contra sigan avanzando.

Tráfico de influencias

La causa anterior es larguísima, sin embargo las pesquisas contra Smith no terminan aquí.

Además de este enredo a lo interno de la Corte, Smith enfrenta otra, esta vez en la vía penal, y en conjunto con el alcalde de San José, Johnny Araya Monge y con el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, por la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias que está pronto a ir a juicio.

En él, y según la tesis de la Fiscalía, tanto Gamboa como Smith habrían influido para que se borrara el nombre del alcalde josefino en una causa penal seguida en su contra por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, gesto que evitó que Araya apareciera en la lista de candidatos a alcaldías con causas abiertas para las elecciones del 2016, que preparaba en su momento el diario La Nación.

Según informó CRHoy.com en octubre pasado, dicho juicio estaría por arrancar en poco más de un mes, pues el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ya puso como fecha de inicio para el debate el día 20 de enero.

Sin embargo, las cosas podrían atrasarse un poco más debido a que a finales de noviembre, la exfiscala presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, argumentando que en la causa en su contra se refiere a que las acciones de Smith generaron "ventajas indebidas" para los implicados y que este, el de las "ventajas" es un concepto jurídico "indeterminado y difuso", que pondría en detrimento la seguridad jurídica de la acusada.

Por ello, Smith solicitó que se decrete inconstitucional el término y que se ordene la suspensión del juicio hasta que la Sala se pronuncie al respecto.

Sobre esta solicitud la Sala aún no se ha referido así que el futuro del juicio todavía está por verse.