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El proyecto de ley de topes de usura que se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios lleva una buena intención: crear parámetros al artículo 243 del Código Penal, el cual establece que será reprimido con 6 meses a 2 años de prisión al prestamista que establezca una “ventaja evidentemente desproporcionada” con su prestación, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia del consumidor.

En las últimas modificaciones que se propusieron al proyecto, se estableció que esta “ventaja desproporcionada” sería de 2.2 la tasa de interés activa promedio del sistema financiero, lo cual pondría un techo de 30% y 15% a los préstamos en colones y dólares respectivamente. El diputado del PAC, Welmer Ramos, principal propulsor, argumenta que este tope es similar al establecido en otros países como Colombia y Ecuador y que el proyecto va en aras de proteger al consumidor y evitar el sobreendeudamiento. A simple vista el tope parece tener bastante sentido, el Estado debe promover la libre competencia y el hecho de que algún banco esté cobrando un 50% de intereses mientras el promedio del sistema sea de 20%, no promueve la competitividad. Sobre todo si el BCR, el Banco Nacional y el Banco Popular concentran cerca del 60% de los activos del mercado.

El proyecto ya tuvo sus primeros detractores, empezando por Gerardo Corrales, ex gerente del BAC, quien en una forma bastante empírica opinó que el proyecto excluiría a cerca de 400 mil costarricenses del sistema financiero formal. El economista Leiner Vargas bien señaló su carencia de argumentos técnicos y ahí continúan una interesante discusión. Luego, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, opinó ante la prensa que el proyecto excluiría a personas  del sistema y los llevaría a la informalidad, aunque fue más precavido y no dio cifras ni estimaciones. Una semana después, el economista Ronulfo Jiménez casi duplicó la cifra de Gerardo y aseveró que se estarían excluyendo cerca de 700 mil personas del sistema financiero si se aprueba el proyecto.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) fue más allá e incluso nos dio una cucharada de fake news, aseverando que la ley es retroactiva y se “cerrarían” muchas de las tarjetas y los créditos que se tienen en la actualidad. Pero Gerardo, Rodrigo, Ronulfo y la ABC tienen algo en común: ninguno ha publicado la investigación necesaria y detallada que brinde el sustento para llegar a la conclusión de que el proyecto trae más efectos negativos que positivos.  Por supuesto que son personas con vasto conocimiento y experiencia en la industria, que se fundamentan en la literatura internacional y la teoría económica para hacer estas aseveraciones, pero existen muchos otros factores que se deben analizar.

Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo en inclusión financiera, actualmente ocupamos la posición 4 del ranking Latinoamericano en el Índice Multidimensional de Inclusión Financiera (MIFI en inglés), y esto se debe resguardar. Pero también el nivel de endeudamiento de los costarricenses es 8,4 veces mayor que los ingresos, lo cual representa niveles máximos históricos. Es decir, en promedio por cada colón que recibe una familia costarricense, la misma debe 8 colones. El mismo Rodrigo Cubero resaltó que las tarjetas de crédito han tenido una acumulación importante de saldos ya que se dio un incremento fuerte en las tasas de interés en dólares, el cual afectó la capacidad de pago de las personas.

Es justo aquí donde está la pregunta: ¿cuál es la tasa ideal de referencia y cuánto nos debemos mover para arriba a partir de ahí? Por ejemplo, los parámetros internacionales establecen que la cuota del crédito de una casa no debería superar entre el 35% y 40% de los ingresos del hogar, en Costa Rica es del 64%. Establecer vía ley benchmarks y rangos de movimiento para los intereses de cada tipo de crédito puede ser sumamente beneficioso para reducir la morosidad y el sobreendeudamiento y brindar mayor información de referencia a los consumidores participantes en el mercado.

El proyecto de ley de topes de usura se equivoca al meter todos los créditos “en una misma canasta”, cuando se deben establecer topes diferenciados con ayuda de la SUGEF para cada tipo: hogar, tarjetas, prendarios, actividades agrícolas, servicios, entre otros. Establecer una tasa efectiva anual para a los créditos PYMES de entre 40% y 50%, es el primer paso para prevenir la exclusión de un segmento que lleva años estancado y ahogado en burocracia. Colombia por ejemplo, lleva un año de aprobar la ley de topes de usura con segmentos diferenciados y ha habido un crecimiento importante de las fuentes de crédito, se ha mantenido la morosidad bajo control y el crédito total ha crecido a tasas de 10%; más del doble que en Costa Rica.