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Las ciudades son consideradas como lugares de prosperidad y oportunidades. Alrededor del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se prevé que las ciudades aporten hasta un 88% del PIB mundial para el año 2025. Por su parte, la expansión urbana reduce el área de trama verde, crucial para el equilibrio ecológico y la salud de las personas, el suelo, el aire y el agua.

Actualmente, nuestras ciudades enfrentan presiones y desafíos importantes, que incluyen el crecimiento de la población, la contaminación, la rápida y descontrolada urbanización, la crisis climática, la degradación ambiental y las crecientes desigualdades.

En Costa Rica, por ejemplo, el río Torres dio vida a San José como capital, alrededor de 1820, gracias a que brindó acceso al agua y luego permitió la innovación de la primera planta hidroeléctrica de América Latina en 1886 en Barrio Aranjuez. Sin embargo, el crecimiento urbano y la metropolización generaron procesos de contaminación y contribuyeron a que se vaya perdiendo la relación y el contacto directo con nuestros ríos.

Las nuevas agendas urbanas, los acuerdos internacionales, la creciente conciencia pública sobre la recuperación de nuestros recursos naturales, los esfuerzos de colectivos y las acciones interinstitucionales han empezado a cambiar nuestra percepción por los ríos urbanos. El Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA) es el primer y uno de los más avanzados esfuerzos de gobernanza articulada entre las comunidades, el sector privado, la institucionalidad pública y los gobiernos locales para el manejo integrado de estas cuencas hidrográficas.

En este contexto, el ordenamiento territorial y los proyectos de recuperación de las áreas de protección de los ríos urbanos son fundamentales para construir un proyecto sostenido y con resultados progresivos. De la misma forma que como país logramos revertir la deforestación en dos décadas, debemos plantearnos el desafío de integrar la correcta gestión de los ríos, el valor de recuperar sus servicios ecosistémicos y su vinculación a los proyectos urbanos y arquitectónicos.

Para esto es clave incorporar las nuevas tecnologías al ordenamiento territorial, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que busquen activamente disminuir las inequidades y la falta de acceso a vivienda digna, educación, espacios verdes para la recreación, adecuados sistemas de saneamiento y mitigación de riesgos en caso de emergencias.

Este 27 de noviembre, en alianza estratégica, desde INVU y PNUD presentamos al país la metodología para la delimitación digital de ríos, arroyos y quebradas que permitirá identificar las áreas de protección aplicando la Ley Forestal mediante información pública y gratuita. Una herramienta de gran utilidad para municipios, planificadores e instituciones públicas en iniciativas de protección, prevención de riesgos y conservación ambiental de nuestra biodiversidad.

Acciones como éstas materializan la estrategia nacional de descarbonización y contribuyen al logro de los objetivos de recuperación de los cuerpos de agua; además promueven espacios socialmente justos, en los que las personas pueden vivir vidas saludables gracias a la existencia de entornos más competitivos, verdes, accesibles y seguros.