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En la imperiosa necesidad de reactivar nuestra economía, hay un tema central para nuestra competitividad, ampliamente diagnosticado en distintos momentos y por diferentes entidades, más recientemente por la OCDE, que condiciona nuestro futuro como sociedad para alcanzar el desarrollo: la informalidad laboral.

Más de un millón de personas se encuentran en condición de informalidad laboral, es decir, sin ningún tipo de garantía sobre su futuro laboral. A diferencia del resto de la región latinoamericana, en Costa Rica la alta tasa de informalidad del mercado laboral ha incrementado en los últimos años, mientras que la participación laboral ha disminuido.

Acelerar o estancarnos. En el marco de una anunciada recesión económica mundial, nos corresponde prepararnos como país y acelerar medidas en torno a la formalización laboral de personas trabajadoras, que hoy ascienden a más de un millón de costarricenses en todo el territorio nacional, número que continúa creciendo y cuyas consecuencias afectan a sus hogares y familias.

Partimos de que la tasa de desempleo se ha mantenido en constante aumento durante los últimos años. Ello junto con la alta tasa de informalidad del mercado laboral ya existente, ha ocasionado que los niveles de igualdad empeoren. La población con menor capacidad de adaptarse a los cambios estructurales que están ocurriendo es la más afectada, incluyendo a aquellos con bajos niveles de educación y a los jóvenes.

Los cambios estructurales, se conceptualizan como cambios en el modelo de desarrollo que implican mayor conexión con los mercados internacionales por la globalización y la tecnología, que ponen a los trabajadores y trabajadoras, frente a la necesidad de innovar y adaptarse a dichos cambios, con la informalidad laboral como un lastre u obstáculo para lograrlo.

A pesar de que la legislación laboral en Costa Rica es muy amplia, los datos ponen en evidencia que, en los últimos años, no ha existido una agenda articulada que promueva la creación de empleo de mayor calidad. Lo que ha tenido lugar es un grupo de políticas aisladas que, a fin de cuentas, no han mostrado resultados trascendentales.

Por ejemplo, nuestro país cuenta con una política pública en el tema llamada “Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal”, vigente desde febrero del 2018, pero que aún no muestra resultados concretos y su meta es poco ambiciosa frente al escenario económico actual. Asimismo, se agrava en el sentido de que no se detallan equipos de trabajo responsables, plazos, ni métricas de evaluación para dar cuentas de los avances en su implementación.

Según la OCDE, en su estudio más reciente sobre la economía de Costa Rica, existen al menos cinco causas sobre las que hay que avanzar para mejorar la formalidad, entre ellas, dos clave sobre las que muchos esfuerzos se han vertido y con muy pocos resultados.

El fin del trámite eterno. Abordar el exceso de regulaciones y trámites que ahogan a inversionistas, micro, pequeñas y medianas empresas que buscan formalizarse. El Gobierno Central en Costa Rica gestiona 1.614 trámites, principalmente de manera presencial lo que implica altos costos para quienes tienen menores ingresos. Un estudio realizado por el BID en 2018, evidencia que realizar un solo trámite en Costa Rica toma en promedio 3.1 horas (a junio de 2018).

Simplificar el sistema de licencias y permisos a través de una ventanilla única local y en la nube, para obtener información, emitir y aceptar notificaciones y licencias, implementadas a nivel local también con información disponible vía internet, podría constituirse en un aliciente clave en la situación económica actual para quienes aspiran a formalizarse frente a un complejo entramado institucional que causa más incertidumbre que certezas.

Una PYME hoy, debe pasar por doce estaciones para formalizarse, según el Manual para Emprender del MEIC. Doce pasos que involucran a distintas instituciones, seis de esas estaciones son obligatorias, y cada una tiene sus propios plazos de resolución, así como sus costos.  ¿Por qué no nos proponemos como meta país reducir esas 12 estaciones a 1 a través de una ventanilla única y sistemas de información integrados? Esas son metas contundentes que nos obligan a innovar para lograrlas.

Reducir costos laborales no salariales. Bajar costos de formalización en materia de seguridad social es otra medida a considerar. Actualmente, está probado por criterio experto que los costes tan altos de formalización ante la CCSS perjudican más a los trabajadores de menores ingresos. Es momento de asumir la discusión sobre el aseguramiento por horas efectivamente laboradas como alternativa para las empresas en tiempos de ralentización económica, que no sólo funcione para poblaciones vulnerables, como se ha venido trabajando para los casos concretos de recolectores de café o trabajadoras domésticas.

A estos dos temas hay que incluir al menos una veintena de medidas más que deben estructurarse y liderarse desde el Poder Ejecutivo en miras a cumplir con la meta de transición a la formalidad. La ampliación de la educación y formación técnica y profesional, la posibilidad de formalizar más fácilmente a trabajadores migrantes, la simplificación de la estructura del salario mínimo para la reducción de su número de categorías y la implementación de medidas para su cumplimiento, son algunas de las recomendaciones que quedan en el tintero desde la OCDE para ser desarrolladas.

Aunque el empleo informal puede ser el resultado de una decisión voluntaria tomada por los diferentes agentes de la economía, existen ciertas características que hacen que esta escogencia sea menos deseable. Volver la mirada hacia quienes trabajan en la informalidad y hacer un esfuerzo extraordinario  para facilitar la transición a la formalidad no debería ser un imposible, ni una tarea pendiente más de una lista de necesidades país que nunca se alcanza.

Es clave, mitigar la vulnerabilidad en la que pone la informalidad laboral a más de un millón de personas, en momentos muy críticos de nuestra economía. Por nuestro futuro y el de las nuevas generaciones.