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Cuando se presentan crisis crudas, es mejor empezar yendo al grano. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene una crisis financiera grave. Los números del propio de gobierno lo reflejan con claridad. El reciente reporte agregado sobre el conjunto de empresas propiedad del estado lo refleja claro como el agua: Las pérdidas del ICE eclipsan las utilidades del resto de sector público. (La leyenda del gráfico tomado del reporte está errada, los números son en miles de millones, ese es uno entre varios errores en el reporte)

La rentabilidad sobre el patrimonio pasó de un módico 1.08% en el 2016 a un -9.74% el 2018. Este dato nos dice cuál es la eficiencia en la generación de valor producto de sus inversiones. Los resultados de este reporte nos dicen que el ICE destruyó 9.74% de su valor durante el 2018. Las pérdidas reportadas para los años 2017 y 2018 muestran una reducción de patrimonio del 10.9%.

Estos números son difíciles de digerir y me sorprende que no hayan abarcado las portadas de los periódicos considerando que el reporte se hizo público en junio de este año. Adicionalmente, los estados auditados desde el 2016 han recibido una opinión calificada, lo que implica que hay aspectos de los estados financieros que no pueden ser verificados. Para hacer las cosas más difíciles de digerir, en el reporte de auditoría 2017-2018 dice textualmente que la forma en la que el ICE incluyó en sus estados financieros los costos de la generación privada generó una subestimación de las reserva en el 2016 y una subestimación en el déficit neto. En resumen, los números del ICE son paupérrimos y podrían ser aún peores de seguirse prácticas contables verificables.

No existe en Costa Rica una institución más relevante para la política energética nacional que el ICE. Desde su nacimiento hasta el día de hoy ha sido el motor de la electrificación nacional, opera el sistema eléctrico nacional y ha realizado históricamente la planificación del sector eléctrico. El ICE es proveedor único de un servicio público fundamental para el desarrollo económico nacional la producción y distribución de energía eléctrica.

En el contexto fiscal del país es imposible que el gobierno central pueda hacer un rescate para el ICE. Para poner las cosas en perspectiva, las pérdidas del ICE en el 2018 son poco más de la mitad del monto que el gobierno debió solicitar en letras del tesoro. Sin duda la cancelación del proyecto el Diquís es la principal justificación para las pérdidas, sin embargo, este representa poco menos de una tercera parte de las pérdidas (₡88 mil millones). Ninguno de los autores de los planes de expansión de generación o directivo que aprobaron las inversiones han sido llamado a dar cuentas. Tengo certeza que muchos de ellos están en sus casas con pensiones de lujo.

Las consecuencias de este descalabro financiero son mucho más profundas que aumentos tarifarios y pérdida de competitividad. Costa Rica necesita un ICE que vuelva a ser motor de desarrollo económico, pero en el siglo XXI debe ser uno que invierta en desarrollo tecnológico nacional en alianza con emprendedores nacionales. Sin embargo, el ICE no está en la posición económica de ser ese motor y en este momento es un riesgo para las finanzas públicas.

El plan estratégico no ofrece ninguna claridad sobre lo que se requiere para que la institución tome ese rol en el país. Prueba de ello es en el plan de venta de cocinas con el objetivo de, indirectamente, aumentar el consumo eléctrico residencial, una estrategia dudosa que merece la pregunta ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene el ICE en el mercado de electrodomésticos? En un contexto económico nacional que tiene el consumo paralizado y con el sector comercial en crisis ¿Cómo se supone que este negocio vaya a ayudarle al ICE a aumentar significativamente su flujo de caja? Esta estrategia es una más en la larga lista de errores estratégicos cometidos por las cúpulas de poder a la cabeza del ICE que lo tienen hundido.

La consecuencia más grave de todos estos errores y descalabros es la pérdida de confianza en la institución. Bien haría el consejo de gobierno como representante de los accionistas del ICE, todos los costarricenses, en tomar cartas en el asunto de forma definitiva. Personalmente siempre he sostenido que la provisión del servicio público debe seguir en manos del ICE dadas las características estructurales del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, situaciones como las que se reflejan en el informe de presidencia, los repetidos errores estratégicos y los aumentos tarifarios hacen muy difícil seguir defendiendo el modelo público.