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El proyecto 20.661 denominado “Ley de Cinematografía y Audiovisual”, ha generado un debate nacional debido a la introducción de un impuesto del 1,5% adicional a los servicios de video en cualquier formato, sea por cableras o servicios digitales en streaming como Netflix, HBO Go y demás. A este respecto y en lo que interesa, el proyecto señala:

(…) Se establece un impuesto especial sobre el consumo del servicio de puesta a disposición, por Internet u otras plataformas digitales, sin cesión definitiva, de películas, series, documentales y demás contenidos de video de entretenimiento, en formato digital, a cambio del pago de un precio, incluyendo, pero no limitados a los servicios de televisión por cable, televisión satelital, de pago por visión y cualesquiera otros servicios similares de televisión por suscripción.

La base imponible corresponde al monto total del precio pagado por el servicio de puesta a disposición de contenidos audiovisuales, una vez descontado el impuesto al valor agregado.  El tipo impositivo que se aplicará sobre la base imponible es del uno y medio por ciento (1,5%)”.

Dejando de lado el interés loable —o no— del proyecto de ley con la introducción del tributo (la relevancia o no del cine nacional es criterio personal), desde la perspectiva de técnica y política fiscal, así como también desde la perspectiva de la realidad nacional, el nuevo tributo tiene consecuencias negativas.

En un país con el 20% de sus ciudadanos en pobreza y un déficit fiscal importante, que derivó en una reciente y necesaria reforma fiscal, parece prudente y meritorio que la política fiscal sea debidamente justificada, estructurada y oportuna, siendo que el impuesto creado mediante el proyecto de Ley repite patrones equivocados de política fiscal, aumentando la rigidez del gasto público y creando parches fiscales como soluciones integrales.

Como primer punto, es necesario aclarar que el impuesto no recaería sobre Netflix o la cablera, el impuesto se sumaría a la factura que paga el consumidor, adicional al impuesto al valor agregado que se cobrará sobre las plataformas digitales (suspendido en espera de una Resolución de la Dirección General de Tributación) y ya hoy cobrado por las cableras, lo cual podemos ver con el siguiente ejemplo:

El nuevo tributo entraría como carga adicional al consumo, sin sumarse a la base del IVA, pero constituyéndose en una clara doble imposición de cara al contribuyente. Además, asigna un ingreso fijo vitalicio a un determinado fin en detrimento de otros y, sobre todo, se sumaría a otras leyes que imposibilitan que el Ministerio de Hacienda tenga control total sobre el proceso presupuestario y la asignación de gastos, lo cual ha venido siendo criticado por la OCDE y la Estado de la Nación en sus informes.

La creación de tributos debe responder a criterios de oportunidad, eficiencia y capacidad económica, pero sobre todo deben permitir al propio Estado el direccionar los escasos fondos aportados por los contribuyentes, según las necesidades sociales y económicas de cada momento.

El país mantiene una situación económica muy complicada y la clase media se encuentra bastante comprometida como para adicionar cargas con destinos específicos sin criterio técnico. Las familias que componen la clase media han tenido un decrecimiento en su capacidad de consumo —entre 2018 y 2019—, siendo dicho sector el que consume en mayor medida los servicios que se pretenden cargar con un impuesto adicional.

El mensaje político que envía una carga adicional al consumidor, sobre todo posterior a una reforma fiscal importante, podría minar las posibilidades de realizar otras mejoras y cambios estructurales en el sistema impositivo.

La asignación de recursos públicos para el apoyo de diversos sectores se encuentra, hoy, debidamente financiada a través del Sistema de Banca para el Desarrollo, como solución ideal para que los emprendimientos de cada sector sean impulsados y apoyados. Tomar el dinero del contribuyente para entregarlo a otro, de forma directa y vitalicia, no es una política fiscal equitativa ni moderna, y responde más a criterios improvisados para intentar resolver problemas estructurales.

El arte, el deporte y los emprendimientos merecen el apoyo del Estado, pero bajo una política pública inteligente y programada, no a punta de soluciones simples a problemas complejos. En Costa Rica ya existen más de 100 tributos que se administran de forma ineficiente y repercuten enormemente en la capacidad de consumo de los ciudadanos, como para sumar uno más a la lista de desaciertos.