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— La Procuraduría General de la República (PGR) ratificó el día de ayer el criterio del Gobierno de que todos los pluses salariales que se calculaban como porcentaje del salario antes de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP) ahora deben ser calculados en forma nominal.

—  El criterio de la PGR se da en respuesta a una consulta realizada por la ministra de Planificación, María del Pilar Garrido Gonzalo, quién en julio pasado preguntó si la LFFP era incompatible con reformas parciales concomitantes y con respecto a leyes anteriores de carácter especial que regulan los mismos temas, pero para sectores o instituciones específicas.

— La respuesta la dio el procurador, Julio César Mesén Montoya, quién explicó que las reformas realizadas por la LFFP  "privan por sobre cualquier otra disposición de rango legal (o interior) preexistente que regule la materia, incluida la Ley de Incentivos Médicos".

— El criterio utilizado por el procurador es que al haber dos leyes que regulan lo mismo, priva la más reciente, y, aunque en términos generales, una ley especial prive sobre una ley general, en este caso la intención del legislador fue "establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, sector que incluye tanto la Administración Central, como la descentralizada, con independencia del grado de autonomía de cada institución, o del tipo de servicios que se prestan al Estado".

— La posición de la PGR es importante, porque a lo interno de la CCSS miembros de la Junta Directiva le hicieron una consulta similar a la Contraloría General de la República, para asegurarse de si la LFFP dejaba sin efecto lo que establece la Ley de Incentivos Médicos.

— Por su parte, al conocer la respuesta a su consulta, la ministra Garrido agregó:

Como rectores de empleo público, actuaremos siempre apegados a la legalidad. La Ley 9635, en especial su título tercero, debe ser implementada en todos sus extremos. El pronunciamiento de la Procuraduría General de la República pretende dotar de mayor seguridad jurídica esta implementación.

— La posición de la PGR agrega una piedra más en el camino de instituciones que han tratado de evitar la implementación del Título III de la LFFP —que incluye a las universidades públicas, las municipalidades, la Junta de Protección Social y la CCSS—. Recordemos que la Procuraduría ya había señalado en julio pasado que los presupuestos de todas las instituciones pueden ser rechazados por la Contraloría si no cumplen con todo lo establecido en la ley.

Esta nota es parte del Reporte: Golpe al Secretismo, bombazo de la Procu y... ¿Restauración pidiendo pasar la página?