20 de mayo del 2019. 40 diputados aprobaron en el Plenario un informe de mayoría de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que sentó las responsabilidades políticas por el denominado "hueco fiscal" y repartieron culpas —entre otros— a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Así consta en el documento de 71 páginas que tras la aprobación legislativa fue remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública para que abriera investigaciones contra los funcionarios mencionados.
Específicamente los diputados aprobaron culpar a la ministra Rocío Aguilar de haber realizado pagos ilegales de deuda por 182.000 millones de colones, a pesar de que ella había señalado que esos pagos se hacen de forma automática debido al riesgo que representa para la imagen país el que esos desembolsos se hagan de forma manual y ocurra algún imprevisto u olvido.
De acuerdo con el informe, bajo la rectoría de Aguilar, Hacienda pagó de forma ilegal 48 mil millones de deuda a corto plazo y 134 mil millones de deuda a largo plazo. El pago fue ilegal por cuanto no había contenido presupuestario autorizado por la Asamblea para hacer esos desembolsos, debido a que el anterior gobierno había desfinanciado la partida de pago de deuda a largo plazo y colocó a finales del 2017 mucha deuda a corto plazo que no fue contemplada en el proyecto de presupuesto 2018.
"Dichos pagos ilegales se realizaron durante la Administración del Presidente Carlos Alvarado y bajo la rectoría de la cartera del Ministerio de Hacienda por parte de la señora Rocío Aguilar específicamente en los meses de junio y julio del 2018, contraviniendo la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos", dice el informe.
Los diputados destacaron que lo ocurrido no tenía antecedentes en la historia nacional, sin embargo, para ellos esa circunstancia no era excusa para permitir que los pagos se continuaran realizando sin hacer las verificaciones y las previsiones del caso ni mucho menos utilizarse para evadir responsabilidades.
Es comprensible que esta eventualidad en los pagos sucede porque no hay una contingencia en el sistema automático de pago que permita detener los pagos o revisar la autorización legislativa para realizarlos, sin embargo, esto no desvirtúa la ilegalidad de los pagos ni la responsabilidad por parte de la o los encargados del Ministerio de Hacienda, tanto de la administración anterior por no ser precavidos, como de la actual al no verificar esta situación e incurrir en soluciones fuera del marco de la legalidad. Por lo tanto consideramos que es estrictamente necesario que se sienten las responsabilidades pertinentes y se estudie crear un mecanismo para que eso no suceda en el futuro.
De forma específica el Congreso acusó a Rocío Aguilar de haber violado la Constitución Política en sus artículos 148 y 149 inciso 6 (responsabilidad conjunta con el Presidente), así como el 180 (prohibición de actuar usar o deponer recursos del presupuesto sin autorización).
También la señalaron de violar la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos en su artículo 45 (exclusividad de la Asamblea de aprobar endeudamiento que afecte el monto del presupuesto), 107 (principio de legalidad), 108 (responsabilidad en función del cargo), 110 (responsabilidad administrativa), 112 (responsabilidad administrativa del máximo jerarca) y 114 (responsabilidad civil).
Inclusive, el informe criticó al presidente de la República, Carlos Alvarado por haber acuerpado a la ministra de Hacienda en su actuar, ya que el haber interrumpido los pagos habría hecho que el país cayera en default, con consecuencias desastrosas para la imagen del país.
Ahora se lamentan
La ministra de Hacienda reiteró varias veces que su único motivo para dejar el cargo era la sanción recomendada por la Contraloría en su contra, y que si esta no se hubiese dado, ella habría continuado frente al Ministerio hasta que el presidente Carlos Alvarado así lo quisiera.
Sin embargo, algunos diputados han restado credibilidad a su argumento y afirman que se va porque el Ejecutivo reiteradamente le "zafó la tabla" y minó su autoridad al no tomarla en cuenta al firmar los acuerdos entre sindicatos y la Caja del Seguro Social, y más recientemente entre universidades y Gobierno.
Aguilar calificó de "accidente" y "coincidencia" que el informe de la Contraloría apareciera justo cuando se firmó el acuerdo con las universidades, e insistió en que eso no tuvo nada de peso en su decisión de dejar el puesto.
De acuerdo con el registro de votación, el informe sobre el hueco fiscal que le achacaba responsabilidad por los pagos ilegales fue aprobado por 40 diputados y rechazado por 9 (todos del PAC).
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