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— El día de ayer, en sesión de Corte Plena, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron la integración de un equipo técnico institucional que trabajara en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para analizar las opciones que permitan al Poder Judicial adoptar un modelo de salario global.

— El salario global lo que implica es que se incrementa el salario base y se reducen los incentivos salariales para evitar el crecimiento exponencial y las conocidas diferencias entre personas con el mismo puesto y responsabilidades.

— Si bien la medida no vendría a resolver la disputa que la Corte mantiene con el Ministerio de Hacienda por mantener los pluses salariales de sus funcionarios en montos porcentuales del salario base y no en montos nominales como lo exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo menos da una señal positiva a futuro.

— En cuanto al calculo de los actuales pluses salariales, la “sanción” de Hacienda sobre el presupuesto del Poder Judicial sigue en pie, y aún si los magistrados no dan el brazo a torcer, ese acuerdo de la Corte está actualmente bajo estudio en la Sala Constitucional —ante la acción interpuesta por el diputado Pedro Muñoz Fonseca— y será ahí donde se resuelve el futuro de los actuales pluses salariales.

— Sin embargo, con la medida adoptada el día de ayer el Poder Judicial está previendo ajustarse, a futuro, a lo que vendría a establecer la Ley Marco del Empleo Público, que se discute actualmente en el Congreso.

— Sobre ese proyecto, el director del Servicio Civil, Alfredo Hasbum Camacho, se pronunció favorablemente el día de ayer en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.

— Hausbaum señaló que en la práctica existen, actualmente, 265 régimenes salariales distintos, ya que solo 45 de las 310 instituciones públicas siguen los criterios establecidos por el servicio civil en temas de recursos humanos, por lo que agregó: “Nuestra opinión es que pasar de prácticamente 265 subregímenes a ocho, como se plantea, ya es un gran avance”.

— El criterio de Hasbum debe ser un respiro para el Ejecutivo, que vio como su propuesta de ocho subregímenes era duramente criticada por la contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien calificó el proyecto de insuficiente y omiso en aspectos básicos.

— Justamente, sobre esas críticas de la Contraloría al proyecto, Hausbaum no se guardó nada y agregó:

Yo trabajé en la Contraloría nueve años y la Contraloría no puede tener expertos para todo, y yo le puedo decir que la Dirección del Servicio Civil tiene, en materia de recursos humanos, expertos infinitamente más capacitados y creo que en el proyecto trabajaron personas que tienen un mayor conocimiento que la Contraloría en la materia.

— Por otro lado, en la comisión legislativa que estudia y analiza las condiciones actuales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el tema de los salarios también fue tema el día de ayer, cuando compareció el rector de la Universidad Nacional, el exdiputado Alberto Salom Echeverría (PAC 2006-2010).

— El rector de la UNA señaló que bajo el nivel de gasto que han venido manejando en ese centro de estudios por el tema de salarios, el presupuesto de la institución proveniente del FEES se iría exclusivamente en salarios a partir del 2028.

— Salom, además, señaló la imposibilidad que ha tenido para denunciar la convención colectiva (que fija las anualidades en un 4% del salario base y tiene otros generadores de gasto incremental)  ya que el artículo 185 de la convención establece como requisito el acuerdo de los sindicatos para poder denunciarla — y eso claramente no se ha dado—  y que en caso de que no haya una nueva versión irremediablemente seguirá vigente, por lo que a Salom no le quedó más que interponer una acción de constitucionalidad contra dicho artículo, de la cuál todavía está esperando resolución, y así, como siempre, todo queda en manos de la Sala Constitucional.

— Entre tanto, no queda más que esperar...

Esta nota es parte del Reporte: De La Trocha, cooperativas en jucio y... el empleo público