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— Juan Bolaños dice que él "se sacó la lotería"; eso fue justo lo que le contestaron los funcionarios del Tribunal Ambiental del Ministerio Público, en una de las primeras inspecciones de su propiedad, cuando inició el proceso que ahora lo obliga a demoler gran parte de su casa, ubicada en la comunidad de Sabanilla. Ello debido a que la Municipalidad de Montes de Oca lo acusa de invasión al área de protección de La Quebrada de los Negritos.
— En la causa contra Bolaños, que la Municipalidad escaló a tribunales, se acusó a este vecino de 70 años de haber invadido con fines constructivos, las áreas de la zona de protección mencionada. Esta acusación se ampara en que desde 1969, la Ley Forestal exige "una zona mínima de diez metros, a ambos lados, en la ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos" para la construcción en terrenos planos (esta disposición se mantuvo con la reforma y actualización de la ley en 1996, ahora en su artículo 33).
— El tema es que esta demanda no explica por qué entre 1985 y 1986, cuando Bolaños estaba en proceso de construcción, fue ese mismo municipio el que le otorgó un permiso de uso de suelo que señala que el margen de retiro que debe dejar detrás de la construcción, era de apenas 5 metros, según consta en un oficio fechado el 16 de octubre de 1985 y del que Delfino.cr tiene copia.
— Este mismo retiro fue autorizado también en el alineamiento vial que le otorgó, al proyecto el Departamento de Obras Fluviales del MOPT con fecha al 20 de diciembre de ese mismo año, y todo eso se refuerza con el permiso de construcción que emitió el departamento de ingeniería de la propia Municipalidad de Montes de Oca, el 6 de febrero de 1986, cuando dio el visto bueno para construir la vivienda así.
¿Qué es lo que me dice todo el mundo, incluida la jueza que llevó este procedimiento? Que se ha hecho lo correcto pero que en un juicio, ningún juez va a poder liberarnos de esa demolición. Por eso lo que tenemos que hacer es demoler la casa y después ir a hacer un contencioso administrativo contra la Municipalidad para que se nos reconozcan los daños y perjuicios, nos aseguró este vecino que lleva más de 5 años en este lío legal.
— Para Bolaños, tener que demoler y luego empezar un proceso que va a durar de 10 a 12 años no tiene ningún sentido: "eso de que sí, la Municipalidad se equivocó, vaya demándela a ella, no es más que una injusticia".
— ¿Su caso es el único? No, para nada. Ya desde 2010, estudios de la Universidad de Costa Rica señalan que, a pesar de todas las disposiciones de la Ley Forestal, el área urbanizada de la Quebrada de los Negritos representa casi el 71% de su área total que se divide en invasiones por uso residencial, carreteras, pastizales y en menor medida zonas de uso comercial, lotes baldíos, cafetales y estacionamientos, entre otros. De hecho, Bolaños asegura que lo más molesto para él es que en su caso, su terreno "es el que menos invade" y que ante ello la única respuesta que ha recibido de los personeros del Tribunal Ambiental, es que la solución es que vaya a demandar al resto.
— Desde la semana anterior Delfino.cr ha tratado de gestionar una entrevista con representantes de la Municipalidad de Montes de Oca para que nos expongan la posición municipal sobre este tema; sin embargo, como respuesta a nuestra consulta lo que recibimos fue la escueta información de que "solo en 2017 la Oficina de Gestión Ambiental tramitó 11 casos por invasión a zonas de protección, ante la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público y el Tribunal Ambiental. En 2018 se tramitaron seis casos, de acuerdo con los datos de la Oficina de Gestión Ambiental del Gobierno Local. Y continuamos trabajando por detectar nuevos casos y acudir a las audiencias que nos soliciten las entidades superiores que rigen en la materia".
— Eso no explica qué se hará con todos los casos donde la construcción se realizó con permisos que otorgó erróneamente la misma municipalidad, como sucede con este, que perfectamente pudo haber pasado desapercibido pues Bolaños asegura que a él "le cayeron" debido a que hace unos años pidió un permiso para una ampliación de segundo piso en su vivienda y que fue ahí donde la Municipalidad detectó la invasión. Ahora lo que le toca a don Juan es prepararse para demoler, a más tardar en diciembre próximo, y alistar los trámites para la década que tardará su caso en el Tribunal Administrativo del Estado, mientras espera que algún día, alguien de la municipalidad le dé respuesta sobre el error cometido.
