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— La semana pasada la Junta Directiva del Instituto de Fortalecimiento y Asesoría Municipal (IFAM) anunció que se va a apartar de la línea del gobierno para apoyar a las municipalidades en la batalla de criterios que estas están sosteniendo contra el Ministerio de Hacienda, para que no se les restrinja el crecimiento del gasto corriente mediante la regla fiscal.
— Para la institución (según aseguró a La Nación su presidenta ejecutiva, Marcela Guerrero Campos) si se limitan los fondos de los municipios, se crearía el riesgo de que estos dejen descubiertas las partidas presupuestarias destinadas a contratar policías, brindar servicios sociales o a pagar salarios y de ahí el apoyo que les da el IFAM.
— Recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el año anterior, tiene cuatro partes: la de la reforma que convirtió el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado, IVA (que por cierto, hay tiempo de hacer la segunda declaración de este impuesto hasta el próximo domingo 15); la que reformó el impuesto sobre la renta; la reforma a las remuneraciones en materia de empleo público; y la de Responsabilidad Fiscal de la República, mejor conocida como regla fiscal.
— Esta última es una medida de ahorro que prohíbe que las instituciones públicas eleven sus gastos más allá de un límite que Hacienda fija cada año, según el nivel de endeudamiento del Gobierno y el crecimiento del PIB de los cuatro años previos. La disposición para el 2020 es que ese gasto corriente no crezca más de un 4,67% pero el tema es que las Municipalidades, como muchas otras instituciones, no están de acuerdo con que se les aplique a ellas la medida.
— Por ello desde finales del mes pasado la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves Quirós presentó una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para su estudio por parte de los magistrados de la Sala Constitucional, en la que argumentó que a los municipios los rige el principio de autonomía de los gobiernos locales y que de ahí viene su potestad de definir sus presupuestos y sus ejecuciones.
— Este criterio es similar al que tienen el resto de instituciones que quieren zafarse de esta disposición pero el tema con las municipalidades es que además de lo anterior, estas financian sus operaciones (en su mayoría) con recursos propios que se cobran a través de patentes e impuestos municipales por lo que ese es su otro argumento para que pidan que no se les limite el gasto.
— Por ello es que desde junio pasado, la fracción del PLN en el Congreso presentó un proyecto de ley que pretende sacar a los municipios del deber de cumplir con la regla pero este proyecto está en trámite en el plenario legislativo desde inicios de julio de este año y no ha avanzado desde entonces; así, habrá que armarse de paciencia y esperar, ya sea a los magistrados o a los diputados, mientras el presupuesto del 2020 nos cae encima.
— Mientras tanto, y ante la postura tomada por el IFAM, el presidente Carlos Alvarado Quesada, anunció ayer que enviará al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, a que sostenga "una conversación sobre este tema que tiene que ver con el sostenimiento de las finanzas públicas", con la presidenta de la institución, pues Zapote sostiene la postura de que "eso es lo que necesitamos ahora".
— Por su parte en el Ministerio de Hacienda, y sobra decir, sostienen que todas las instituciones deben acogerse a la reforma fiscal ya que si algunas instituciones empiezan a zafarse, se erosionaría la legitimidad del compromiso de estabilizar sus finanzas que el país asumió ante órganos internacionales. El tema es que a esta es la obligación a la que todo el mundo le pone un pero, nadie resuelve nada y bueno... por ello toca estar pendientes.
