El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos renunciará a la inmunidad parlamentaria mas no a su diputación, luego de ser denunciado penalmente por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por el delito de tráfico de influencias en el marco del Cementazo.

En un breve comunicado posteado en sus redes sociales, Ramos afirmó que el que nada debe, nada teme.

Ante la denuncia de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), renunciaré a mi inmunidad como legislador y me pondré a disposición del Poder Judicial para aclarar que la reforma al reglamento de cementos hidráulicos que se hizo durante mi gestión como Ministro de Economía obedeció solamente a criterios técnicos, dado que el reglamento anterior favorecía monopolios que impedían el libre comercio y la justa competencia en el mercado.

Ramos había firmado un compromiso en la campaña electoral, a exigencia del presidente Carlos Alvarado, de renunciar a su candidatura o eventual diputación en caso de que la PEP le encontrara faltas al deber de probidad, tal y como la institución comunicó haberlo hecho este martes. Sin embargo, dijo que acatará las conclusiones y recomendaciones de la Procuraduría de la Ética poniéndose a disposición del Ministerio Público para defender su inocencia y cumplir con el debido proceso judicial.

Expreso mi compromiso de acatar y seguir las recomendaciones de la Procuraduría y en caso que se demuestre que falté al deber de probidad, manifiesto mi compromiso de renunciar al cargo.
-Welmer Ramos, diciembre de 2017.

La Procuraduría dijo haber entregado este miércoles a la Asamblea Legislativa la notificación del informe AEP-INF-020-2019 de las 10:13 horas del 20 de agosto del 2019, en el cual se encontraron faltas al deber de probidad por parte del ahora legislador. La denuncia se tramitó en la PEP mediante el expediente DEP-030-2018, a raíz del informe de la Comisión Especial Investigadora del Cementazo en la Asamblea Legislativa, la cual acusó que Ramos aceptó presiones de la Casa Presidencial para que en el proceso de apertura del duopolio del cemento que él venía impulsando, se tomaran acciones que terminaron beneficiando los intereses del empresario Juan Carlos Bolaños.

Además de faltas al deber de probidad, la Procuraduría presentó la denuncia penal por considerar que los hechos en los que incurrió el legislador constituyen tráfico de influencias, tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

"Se instó al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, respectivamente, la cual se considera que podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público", agregó la Procuraduría, quien indicó que mantendrá participación en el proceso penal, ya que se encuentra debidamente apersonada en representación de los intereses del Estado.