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Prefiero mil veces estar en la reforma que en este hospital, acá quienes mandan son los doctores. No hay respeto a la libertad, no somos dignos de relacionarnos con otras personas, porque se restringe el contacto”. Este es el relato de uno de los locutores del programa radial Podemos Volar.   

La cárcel y los hospitales psiquiátricos son instituciones distintas, pero comparten ciertas características y objetivos. La primera impone un castigo a los delincuentes y la segunda se considera un sitio de rehabilitación para personas con problemas mentales. Pero popular y tácitamente prevalece la idea de que ambas instituciones tienen el propósito de proteger a la sociedad de personas indeseables. Ambas entidades dan respuesta a las exigencias de un sistema excluyente.

La forma dominante de organización de la sociedad no está funcionando para integrar a todas las personas, en su diversidad, sino sólo a quienes pueden participar de las fuerzas de producción. Los individuos que no responden a esa lógica son marginados. La realidad de muchos y muchas pacientes con trastornos mentales lo demuestra. Los actos violentos que sufren estos individuos dentro del sistema de salud dan cuenta de la constante discriminación que sufren estas personas. 

Las situaciones que viven las personas con enfermedades mentales son producto de la estructura social, que fomenta relaciones humanas caracterizadas por la negación o disminución del otro. El resultado de estas formas injustas de vinculación entre las personas es que ciertos sujetos ven limitadas o completamente anuladas sus posibilidades desarrollo pleno e incluso, algunos llegan a no ser considerados realmente como seres humanos. 

A las personas que viven con enfermedades mentales se les categorizó históricamente como “peligrosas, impredecibles, débiles, inferiores e incapaces”. Características que le asignaron a los pacientes de instituciones psiquiátricas un lugar en la sociedad, que fue aceptado y transmitido a otras generaciones. Ese lugar de exclusión y rechazo fue legitimado históricamente por la institución hospitalaria, a través de modelos de relación paternalistas y opresores. 

Desde los inicios de la institución psiquiátrica, el personal de salud asumió una especie de tutela sobre las personas con enfermedades mentales, posicionándose como una figura de autoridad incuestionable que puede tomar decisiones por sus pacientes, a los cuales les asigna negaba su condición de sujeto moral y de derechos. A través del tiempo se consolidó este rol de autoridad y se naturalizó el empleo de métodos de castigo a las y los pacientes que no se comportaban como se les ordenaba. Esa situación todavía continúa vigente en muchos hospitales psiquiátricos del mundo. Miles de pacientes reportan haber sufrido tratos deshumanizantes, tal y como se señala en varios informes especializados de Naciones Unidas.

En Costa Rica, pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico han logrado expresar sus vivencias a través del programa radial Podemos Volar. En repetidas ocasiones han mencionado que son atados sin dar motivos, son aislados hasta por 3 días en lugares que no cuentan con una adecuada ventilación ni iluminación, han sido víctimas de diversas formas de violencia sexual, y han denunciado que, en general, se les trata de manera irrespetuosa y negligente. Según indican, estas experiencias son frecuentes durante el internamiento en el hospital. 

El trato reportado por numerosos pacientes de esta institución es un indicio de violación a los derechos de las personas con trastornos mentales (derechos como ser tratado con respeto, a la protección contra cualquier tipo de abuso, a la libertad de expresión, a recibir información acerca del tratamiento, entre muchos otros). Parece que dentro del sistema de salud sigue haciéndose una distinción entre los derechos de las personas con enfermedades mentales y los del resto de la población, como si las personas con enfermedades mentales no tuviesen los mismos derechos que los demás. 

Garantizar la seguridad, una atención de calidad y el respeto a la dignidad humana son desafíos del sistema de salud mental costarricense y estos retos deben forma parte de la lucha por una sociedad más justa y solidaria.  

Este artículo es el resultado del trabajo final para el curso Introducción a la Bioética, impartido por la profesora Gabriela Arguedas en la Escuela de Filosofía de la UCR.