El Gobierno de Costa Rica acusó a Nicaragua de haber emprendido una "burda e hipócrita" campaña de desprestigio contra el país, usando como pretexto la muerte de un ciudadano nicaragüense que fue herido de bala durante un operativo policial en la Frontera Norte el pasado 12 de agosto en horas de la noche.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dirigido por Manuel Ventura afirmó que el gobierno de Nicaragua ha realizado una difusión masiva de información falsa y denuncias infundadas contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El nuevo conflicto inició el 12 de agosto cuando vecinos de la frontera norte alertaron a la policía de actividades de contrabando de mercancía proveniente de Nicaragua, utilizando el río Niño en la zona de Upala, por lo que la Policía se trasladó al sitio y a las 23:00 horas detectaron unas lanchas cargadas con objetos navegando por el río.

"Al ser apercibidos por la policía algunas de las lanchas se detuvieron pero otras se dieron a la fuga. En el contexto del operativo, uno de los boteros de una lancha que se dio a la fuga fue encontrado herido río abajo. La policía costarricense llamó de inmediato a la Cruz Roja, cuyos representantes llegaron al sitio lo antes posible, pero al hacerlo encontraron que el botero de nacionalidad nicaragüense, Henry Ruiz López, ya había fallecido. Otros cinco nicaragüenses fueron detenidos y al día siguiente puestos a las órdenes de la Policía de Migración por su condición migratoria irregular. Actualmente se encuentran en Nicaragua", afirmó la Cancillería.

Pese a esa línea de hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua remitió a Costa Rica una nota el 14 de agosto en la que calificó de "criminales" los acontecimientos y afirmó que 14 miembros de la Fuerza Pública "haciendo uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego", causaron la muerte de Ruiz López de 45 años de edad, así como la "captura violenta" de cinco ciudadanos nicaragüenses más de apellidos Ramos Barahona, Ramos Cárdenas, Ramos, Ruiz Ramos y un menor de edad.

"Este abuso en el uso de la fuerza y armas de fuego, no estaba justificado, por cuanto el ciudadano nicaragüense fallecido y los ciudadanos nicaragüenses detenidos, no portaban armas de fuego ni agredieron o amenazaron en ninguna forma la vida y la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica o de otras personas que pudieran encontrarse en el lugar", afirmó la Cancillería de Nicaragua.

Además de la nota el gobierno de Nicaragua emprendió una campaña masiva para difundirla y distorsionó los hechos para presentar la muerte de Ruiz López como un asesinato a sangre fría y la detención de las otras cinco personas como un abuso de autoridad.

Un día después de la nota entregada a Costa Rica, y sin esperar a que la Cancillería tica respondiera, el régimen de Ortega envió notas iguales a la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde "se denuncia a Costa Rica por delito de lesa humanidad", alegando que Costa Rica no había respondido, pese a que la nota fue enviada y recibida tan solo 24 horas antes.

La Cancillería de Costa Rica afirmó que con esas comunicaciones a la CIDH y ACNUDH:

Nicaragua no solo evidencia un abierto desconocimiento sobre lo que en realidad consiste un delito de lesa humanidad y las vías correctas para su judicialización, sino sobre todo su burda intención de desprestigiar a Costa Rica a la vez que desviar la atención sobre su situación interna, mediante la descarada manipulación de la información.

El gobierno tico le recordó a Ortega la grave crisis que se vive en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, y la cual ya se ha cobrado la vida de más de 500 ciudadanos nicaragüenses a manos de funcionarios de su gobierno, además de cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, malos tratos, tortura y violencia sexual en los centros de detención, represión de manifestaciones pacíficas, criminalización de líderes sociales, protestantes y periodistas, y cierre de medios de comunicación, entre otra serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, que ya han sido estudiados y documentados por la propia CIDH y ACNUDH.

Asimismo, Costa Rica le recordó a Ortega que el país se ha visto afectado de forma directa por esa crisis, ya que a manera de ejemplo, entre abril del 2018 y julio de 2019 Costa Rica recibió 68.638 solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, cuando en 2016 y 2017 la cifra total de solicitantes de refugio fue de 68 y 67 personas respectivamente.

"A pesar de lo anterior, Costa Rica, fiel a su tradición civilista y solidaria, ha procurado acoger de la mejor manera a todos los nicaragüenses que se han visto forzados a desplazarse al país, brindando atención médica y servicios de salud y otros a dicha población migrante", agregó la Cancillería tica.

Por lo anterior, Costa Rica repudia esta burda e hipócrita campaña mediática por parte del Gobierno de Nicaragua, y hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para lograr que el Gobierno de Nicaragua cese sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos de toda su población y que eventualmente el país pueda retomar la senda democrática.