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La semana pasada la organización estadounidense Human Right Watch publicó el informe intitulado “La guerra en el Catatumbo: abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”. El reporte documenta asesinatos, secuestros, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños-soldados y desplazamiento forzado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo derivado de las FARC que no aceptaron desmovilizarse.

El documento advierte que “la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles. Otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas”. La gravedad de la situación fue reconocida por autoridades del Departamento de Santander y de algunos municipios de la zona.

Catatumbo es una región en la cordillera oriental colombiana, fronteriza con Venezuela, por lo cual lo que ocurre ahí no es solo un asunto doméstico, sino un conflicto con dinámicas binacionales. Y el escenario más pesimista que puede resultar, si se produjera la caída del régimen de Maduro por una vía no negociada, es que los grupos civiles venezolanos armados establezcan una alianza con las citadas organizaciones guerrilleras, dando lugar a un grupo armado colombo-venezolano.

La situación en Catatumbo, dada a conocer por el citado reporte, no es nueva, porque la ONU, en años anteriores, ha informado que el ELN es uno de los grupos armados que más usa niños y niñas como soldados y en los últimos meses como recolectores de hoja de coca, tanto colombianos como venezolanos. Esta fue una práctica que las FARC utilizaron durante muchos años y que generó profundas cicatrices a la sociedad colombiana.

El caso de los y las venezolanas provoca una doble victimización; pues han tenido que huir de su patria por las crisis humanitaria, social, económica y política, para ser explotados en el país de acogida. Hay evidencia de trata de blancas y de otras expresiones de violencia contra la población migrante.

Lo que ocurre en Catatumbo es el resultado de los espacios territoriales dejados por las FARC luego de los acuerdos de paz. Es una zona clave para los grupos armados, porque pueden cruzar la frontera y refugiarse en Venezuela, cuando el ejército colombiano realiza operaciones militares. Es de sobra conocido que tanto las FARC como el ELN tienen sedes en territorio venezolano, con el conocimiento del Gobierno de Maduro. Pero también es un área de cultivo de coca, bajo control de las organizaciones guerrilleras, con fines de narcotráfico. Este sigue siendo la principal fuente de ingresos de esas agrupaciones irregulares.

Pero no se trata solo de una cuestión coyuntural, sino que refleja algo característico de los procesos de gestión y administración del posconflicto: tras un periodo inicial de entusiasmo, comienzan las dificultades con la verdadera implementación y cumplimiento de los compromisos. Es lo que se está observando en este momento en Colombia.

Tal situación la analicé en un trabajo sobre construcción/reconstrucción, posconflicto y reforma del sistema de seguridad, publicado en 2017 como un capítulo del libro “Desafíos para la seguridad y defensa nacional de Colombia: Teoría y praxis”  de la Escuela Superior de Guerra. En esa oportunidad señalé cómo el primer quinquenio de los acuerdos de paz se constituye en el periodo crítico, porque las partes -en este caso Gobierno, Fuerzas Armadas y FARC- tienden a interpretar los compromisos desde su perspectiva particular, responsabilizando a los otros del incumplimiento.

En Colombia las FARC tienen muchas tareas pendientes, pues no han contado la “verdadera historia” de sus acciones y de los recursos logísticos que conservan. Y muchos de sus integrantes no se desmovilizaron. Pero el escenario se agrava por la existencia de otros grupos armados que no han suscrito -y que por ahora no parecen estar dispuestos a hacerlo- acuerdos de paz. Y el factor venezolano incorpora otra variable crítica. A esto se suma el apoyo anunciado por la administración Trump para poner fin al conflicto por la vía militar. En resumen: el horizonte a corto y mediano plazo para Colombia no se muestra positivo para lograr una completa, firme y sólida paz.